Un pedido de informes sobre autos oficiales convertidos en chatarra generó roces en el Concejo

Viernes 08 de Agosto de 2025, 12:27

La comisión especial de control de la emergencia ambiental del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó su informe trimestral con una batería de solicitudes dirigidas a la Municipalidad, pero el bloque peronista decidió no dar quórum en desacuerdo con uno de los puntos: el requerimiento de información detallada sobre la compactación de vehículos municipales en desuso.
El documento, correspondiente al período febrero-abril, incluye 16 observaciones al plan estratégico sanitario que ejecuta la gestión de la intendenta Rossana Chahla. Entre ellas figuran datos sobre recorridos de camiones recolectores, participación vecinal, y viviendas sin recolección domiciliaria. Sin embargo, el ítem 15 desató el cortocircuito: allí se exige listado de dominio de cada vehículo compactado, copias de expedientes administrativos, autorizaciones de bajas y destino de los fondos obtenidos por la venta de la chatarra.
El planteo fue impulsado por la concejala alfarista Ana González, quien cuestionó la falta de precisión del informe presentado por la secretaria de Medio Ambiente, Julieta Migliavacca. “Es un informe vago frente a lo que significan los bienes patrimoniales de la Municipalidad. Si envían un informe así, que adjunten los papeles del procedimiento administrativo”, advirtió la opositora tras la reunión en la que la funcionaria expuso avances ambientales.
La comisión, presidida por el radical Leandro Argañaraz, cerró esta semana el texto final y lo remitió a la sede de 9 de Julio y Lavalle. Llamó la atención la ausencia de los concejales peronistas Ernesto Nagle, Gonzalo Carrillo Leito y Emiliano Vargas Aignasse. Aunque de manera oficial argumentaron compromisos institucionales, admitieron su rechazo al pedido de datos sobre los vehículos, al que consideran fuera del alcance de la comisión especial.
El operativo de compactación comenzó en marzo, coordinado entre el municipio, la Secretaría de Ambiente provincial y la División de Compactación del Ministerio de Seguridad. Se ejecutó en el predio del Consorcio Público Metropolitano, en Viamonte e Italia, e incluyó la descontaminación de los rodados antes de su destrucción. La chatarra resultante, según el plan, quedaría a disposición del área provincial para su comercialización.
Este episodio no solo expone diferencias de enfoque sobre los alcances de la comisión, sino que anticipa un nuevo frente de tensión política en torno al manejo de los bienes municipales y la transparencia de los procesos administrativos.
 

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