La justicia decide cómo y contra quiénes sigue adelante la causa por usurpación y estafas con tierras fiscales en El Mollar
Lunes 11 de Agosto de 2025, 04:55
USURPACIONES. Las denuncias de la Fiscalía de Estado generaron una ola de desalojos y acciones judiciales, siendo la del loteo Gaucho Castro una de las más importantes.El juez penal Mario Velázquez resolverá este lunes al mediodía si avanza con la imputación de cargos contra siete personas señaladas por el Ministerio Público Fiscal (MPF) como integrantes de una organización dedicada a comercializar de forma fraudulenta tierras estatales en el perilago de La Angostura, en El Mollar.
La causa, iniciada a comienzos de 2025, investiga el emprendimiento inmobiliario “Loteo Gaucho Castro”, presuntamente asentado sobre terrenos de la Reserva Natural La Angostura con medida de no innovar vigente.
Además, el magistrado deberá definir si el expediente penal se suspende hasta que se resuelvan tres procesos civiles en curso, si se aplican medidas de coerción de menor intensidad a los acusados y si se prorroga por seis meses la restitución provisoria del inmueble al Gobierno provincial, otorgada en enero.
La pesquisa —que pasó de la fiscal Mónica García de Targa al fiscal Miguel Varela— señala como presuntos responsables a Juan Pablo Castro, Rafael Trujillo, Maximiliano Barreiro, Fernando Rogel Chaler, Yanina Mamaní, Damián Romano y al ex comisionado rural Jorge Cruz.
Según la acusación formalizada por las auxiliares fiscales Gabriela Girardi y Luciana Ceccotti, entre 2020 y 2025 los imputados habrían falsificado documentos, loteado y acondicionado el predio con calles, enripiado y servicios de agua y luz para vender parcelas que sabían pertenecían al Estado.
La Fiscalía identificó al menos cuatro operaciones fraudulentas por montos que van de $ 200.000 a $ 5 millones, cuyas víctimas no pudieron escriturar ni recuperar el dinero. A Castro, señalado como principal organizador, se le suman imputaciones por usurpación; a Trujillo, Barreiro y Cruz, por negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes; a Rogel Chaler, por incumplimiento y falsedad ideológica.
Entre las pruebas reunidas figuran boletos de compraventa, informes de EDET sobre pedidos de factibilidad eléctrica para 65 lotes, imágenes satelitales que muestran el avance de las construcciones y documentación firmada desde la ex subsecretaría de Regulación Dominial y Hábitat certificando a Castro como poseedor.
En la audiencia, Castro y Rogel Chaler negaron las acusaciones y atribuyeron su actuación a trámites administrativos regulares. Las defensas sostuvieron que no hubo usurpación y que las tierras no estaban en área protegida cuando comenzaron las operaciones.
Velázquez dará a conocer primero su decisión sobre la prejudicialidad solicitada por la defensa de Trujillo y Mamaní, y luego resolverá si formaliza las imputaciones, aplica medidas cautelares y extiende la restitución del inmueble.
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