La Legislatura busca aprobar beneficios fiscales para empresas que generen empleo en Tucumán

Lunes 25 de Agosto de 2025, 20:17

La Cámara le dio su propia impronta a la iniciativa que envió el PE para la creación de un Régimen de Promoción a la Inversión y aceptó aportes de la oposición. Se tratará el jueves.



Con la campaña electoral lanzada formalmente, la Legislatura volverá a sesionar este jueves, desde las 8.30. Se tratarán siete pliegos para cubrir vacancias en la Justicia, pero en el orden del día sobresale un proyecto para crear formalmente un Régimen de Promoción a la Inversión, con el fin de otorgar beneficios fiscales a empresas productivas o turísticas que operen o se radiquen en Tucumán con creación de puestos de trabajo.

La propuesta fue enviada meses atrás por el Poder Ejecutivo (PE) que conduce Osvaldo Jaldo, pero en la Cámara que conduce el vicegobernador Miguel Acevedo se dieron lugar a aportes de otros proyectos de la oposición y se hicieron modificaciones en el dictamen de Hacienda y Presupuesto.

La principal novedad es que en el comité que preside Carlos Gallia se acordó reducir de U$S5 millones a U$S2 millones el mínimo para acceder a un 25% de exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La definición, de alguna manera, es un punto medio entre la propuesta de la Casa de Gobierno y otra que presentó el radical Manuel Courel, con el apoyo de José Macome, José Seleme y Agustín Romano Norri. El yerbabuenense proponía exenciones del 50% para inversiones inferiores a U$S1,5 millones.

Además de esas dos iniciativas, se consideraron otras presentadas por el legislador Walter Berarducci, en igual sentido, y otra de la peronista Nancy Bulacio, que impulsó la creación de un régimen de inversión para pequeñas y medianas empresas.

En el dictamen se incluyó la posibilidad de otorgar un 30% de beneficios para inversiones de entre U$S5 y menos de U$S10 millones (un 5% más de lo que proponía el PE). Sí se mantuvieron igual los porcentajes para inversiones más grandes: un 50% para desembolsos de U$S10 millones a menos de U$S20 millones; de 75% para aportes de U$S20 millones a menos de U$S30 millones; y de 100% para inversiones iguales o superiores a U$S30 millones.

En cuanto a la generación de empleo, la propuesta del PE requería incorporar nuevos puestos de trabajo directos con mano de obra local y conservar la cantidad de trabajadores registrados existentes al momento de solicitar el beneficio. Mientras que el dictamen especifica que los nuevos puestos deben significar, durante la vigencia de los beneficios, “un incremento de la mano de obra registrada al momento de solicitar el otorgamiento”.

Otras modificaciones

Los parlamentarios incorporaron un artículo octavo a la iniciativa, que establece que “los beneficios que otorga la presente Ley serán incompatibles con beneficios similares previamente adquiridos en virtud de otros regímenes provinciales”. Agregaron también un apartado que no estaba contemplado en el proyecto del PE: que la autoridad de aplicación remita a la Legislatura, previo al otorgamiento de los beneficios, un detalle de las empresas beneficiarias, montos de inversión acreditados, cantidad de empleos generados, beneficios fiscales y nivel de cumplimiento de compromisos ambientales. A eso se suma un informe semestral sobre el avance de cada proyecto de inversión presentado.

Tanto en la propuesta de los parlamentarios como la que enviaron Jaldo y el ministro de Hacienda y Presupuesto, Daniel Abad, contemplan que los beneficios tengan una vigencia de 10 años a partir de su otorgamiento. “Los mismos se otorgarán de manera escalonada, conforme los montos efectivamente invertidos que certifique la autoridad de aplicación. Comenzarán a regir a partir del anticipo impositivo correspondiente al mes de certificación de cada tramo de inversión”, se plasmó.

Desempleo del 13%

Hasta ahora la Provincia contaba solo con una partida presupuestaria destinada para estos fines, pero cada empresa debe solicitar una ley específica para cada caso. Este procedimiento despertó críticas de la oposición por no haber un régimen general y tener que tratar leyes “con nombre y apellido”, como mencionaron en el recinto durante diferentes debates.

En los proyectos impulsados por la oposición se dejó plasmado en los fundamentos la necesidad de estimular el desarrollo económico local a partir del fortalecimiento de la inversión privada y el impulso al empleo formal y sostenible. Tanto Courel como Berarducci pusieron énfasis en que Tucumán presenta indicadores alarmantes de desempleo, por encima del 13%, sumado a una elevada informalidad laboral. “Este régimen busca generar condiciones reales para revertir dicha situación”, coincidieron.

Por Martín Soto /La Gaceta