Martes 26 de Agosto de 2025, 13:28
Este martes se conoció un violento hecho ocurrido en el barrio Costanera Norte, al este de San Miguel de Tucumán, protagonizado por un hombre que le disparó 17 veces a otro, porque le debía $7.000. El acusado estuvo dos meses prófugos hasta que fue detenido días atrás.Por pedido de la unidad Fiscal Criminal, a cargo de Mariano Fernández, se realizó una audiencia con el fin de formalizar la investigación, formalizar cargos y solicitar medidas de coerción contra Cristian Osvaldo Artaza (28), a quien se lo acusa de dispararle varias veces y herir a un hombre (34).
El violento episodio se registró el pasado 9 de junio, cerca de las 16:10 horas, en el barrio Costanera Norte de la capital tucumana.
De acuerdo a la acusación, mientras la víctima se dirigía al domicilio de su hermana, fue abordado por el imputado, quien circulaba a bordo de una motocicleta 110cc. conducida por otro sujeto. Ambos le reclamaron que les devolviera dinero y el hombre salió corriendo hacia la casa de su familiar. El cómplice le entregó a Artaza un arma de fuego y éste efectuó 17 disparos en dirección a la víctima, impactando varios de ellos en la puerta de entrada de la vivienda y uno en la pierna derecha, ocasionándole fractura expuesta de peroné. Luego los atacantes se retiraron del lugar.
La auxiliar de fiscal, Valeria Jorge, indicó que en principio el acusado tenía orden de detención desde el 11 de junio; y, tras no ser encontrado en allanamientos, el 17 de junio se declaró su rebeldía y captura. Finalmente, este último domingo (24 de agosto), en horas de la tarde, fue detenido en inmediaciones de su domicilio, en el barrio El Palomar de Banda del Río Salí.
“Se trata de un hecho grave cometido con un arma de fuego, con la cual se efectuaron 17 disparos hacia la víctima, quien por suerte no sufrió peores consecuencias. Es un hecho realmente violento en el que se reclamaba la suma de $ 7.000”, manifestó Jorge, que le atribuyó al acusado ser presunto autor del delito de lesiones dolosas graves agravadas por el uso de arma de fuego.
En ese sentido, la investigadora demandó que se dicte la prisión preventiva por el plazo de diez días con el propósito de resguardar el proceso. Al resolver, el juez interviniente hizo lugar a todo lo requerido por el MPF y ordenó el traslado de Artaza a un complejo del servicio penitenciario.
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