Cuántas hectáreas usurpadas en zonas turísticas logró recuperar hasta ahora el gobierno tucumano

Lunes 01 de Septiembre de 2025, 05:15

CASO EMBLEMATICO. La recuperación de las tierras ocupadas ilegalmente en el perilago de La Angostura marcó el camino que luego se bifurcó abarcando otras áreas netamente turísticas.



El gobernador Osvaldo Jaldo, acompañado por su gabinete de ministros, anunció los avances en la recuperación de terrenos usurpados que forman parte del patrimonio público provincial. La medida busca no solo restituir espacios naturales y turísticos afectados por ocupaciones ilegales, sino también consolidar una política de ordenamiento territorial en toda la provincia.

“Las usurpaciones fueron un problema que preocupaba mucho a los tucumanos antes de que lleguemos al gobierno, en especial aquellas que avanzaron sobre lugares bellos, turísticos, que son parte de nuestra naturaleza. En un año y nueve meses de gestión estamos cumpliendo la palabra empeñada: este gobierno viene a poner orden en la provincia”, afirmó Jaldo, destacando el trabajo articulado con la Fiscalía de Estado.

La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, brindó precisiones sobre los resultados alcanzados. Según detalló, ya se recuperaron 280 hectáreas en distintas zonas de la provincia, entre ellas Ticucho, El Cadillal, El Mollar, León Rougés, Yerba Buena y San Javier. Además, adelantó que en los próximos 30 días se prevé avanzar en la restitución de otras 622,46 hectáreas, siguiendo los tiempos procesales y administrativos.

“Recuperamos vistas, espacios y naturaleza que forman parte de nuestro patrimonio y son también atractivos turísticos. Estamos pensando en volver a posicionar a Tucumán como el Jardín de la República, un jardín que estaba muy maltratado”, sostuvo la funcionaria.

El trabajo de recuperación está respaldado por un importante despliegue judicial. Actualmente existen 106 causas penales y 461 causas civiles en trámite, que incluyen amparos, desalojos y reivindicaciones. En varios casos ya se dictaron sentencias con detención de personas involucradas en usurpaciones.

Pedicone remarcó que el objetivo es instalar una nueva cultura social: “La usurpación es una práctica contraria a la ley y no queda impune. Hay sanciones. Esta gestión deja un mensaje claro: los bienes públicos deben respetarse”.

La fiscal explicó que los terrenos restituidos tendrán destinos útiles y planificados, definidos en los próximos meses por el Ejecutivo provincial. Algunos ya se proyectan para dependencias policiales y oficinas públicas, evitando gastos de alquiler. Además, se estudia que otras propiedades sean destinadas a nuevas obras públicas, financiadas con recursos provenientes de la venta o reutilización de los inmuebles recuperados.

“Cada recuperación debe convertirse en una oportunidad para la provincia. La meta es que no se repitan las usurpaciones y que los bienes recuperados se transformen en proyectos que beneficien a la comunidad”, concluyó Pedicone.