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La Corte Suprema ordenó avanzar en el juicio a Camioneros por bloquear una empresa en 2021
Jueves 04 de Septiembre de 2025, 06:19
A la demanda presentada por Carlos Dos Reis, representante de la quimica, se sumaron varios dirigentes y empleados del gremio como acusados, entre ellos Fabián Arévalo, Fernando Arzola, Aldo Guerrero, Ulises Rodas, Miguel Acosta, Sergio Pogonza, Roberto Casal y Humberto Castaño. De acuerdo a la denuncia, descendieron de sus autos particulares y colocaron una bandera con la inscripción “Sindicato de Camioneros Delegación Monte Grande”, mientras gritaban: “De acá no sale nadie, acá no se mueve nadie, hoy no van a trabajar”.
Aquel lunes 17 de mayo la conflictiva escena se repitió nuevamente. Desde la parte representante de la empresa, afirmaron que “empezó a aparecer mucha gente identificándose claramente con el Sindicato de Camioneros por sus vestimentas y banderas, que nuevamente impidieron trabajar, motivo por el cual los camiones tuvieron que dormir en otro sitio, y los clientes y proveedores no pudieron trabajar ese día”, y dejó importantes pérdidas económicas.
Desde el 18 de mayo al mediodía, la policía bonaerense formó un cordón para permitir la entrada y salida de camiones. La protesta se levantó ese mismo día por la noche.
La empresa Química Oeste denunció penalmente a los manifestantes por "extorsión, turbación de la propiedad e impedimento del trabajo", y la abogada María Florencia Arrieto calificó la protesta como “un reclamo laboral inventado”. A causa del bloqueo sindical, aseguró que sufrió pérdidas de varios millones de pesos por día, y que al sector petrolero le representó un promedio de 2 millones de dólares por la falta de insumos.
La resolución del 18 de octubre de 2022 del Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora rechazó el sobreseimiento solicitado y autorizó la elevación a juicio según lo pedido por el Ministerio Público Fiscal. Aún así, la defensa apeló y la Cámara Nacional de Apelación y Garantías en lo Penal revocó la elevación y sobreseyó a los imputados, argumentando que no se había demostrado conductas violentas o amenazas que perturbaran la posesión.
Durante el proceso, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso extraordinario federal, que sostuvo que la interpretación anterior había sido arbitraria y afectaba derechos constitucionales. A su vez, el recurso detalló que los imputados buscaban turbar la posesión mediante un bloqueo que superó las 24 horas.