Domingo 14 de Septiembre de 2025, 09:34
“Siempre supimos que el Estado fue y será responsable del feminicidio de Paola”. Con una frase cargada de dolor y de convicción, Mariela Tacacho, madre de la joven docente asesinada en 2020 por un acosador en el centro de San Miguel de Tucumán, analizó la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa que condenó al Estado provincial y al ex juez Juan Francisco Pisa a pagar una indemnización. Sus palabras, atravesadas por la memoria y la lucha, reflejan la dimensión histórica del fallo.
El 30 de octubre de 2020, en pleno centro de San Miguel de Tucumán, la docente de inglés Paola Tacacho fue asesinada a puñaladas por Mauricio Parada Parejas, un ex alumno que la había acosado durante más de cinco años. La joven había presentado al menos trece denuncias penales en su contra, además de medidas de restricción que fueron sistemáticamente desoídas. La última esperanza se desmoronó cuando el juez Juan Francisco Pisa archivó una de las causas más graves iniciadas contra el agresor. Esa omisión resultó determinante en el desenlace fatal.
Cuatro años después, la Cámara Contencioso Administrativa, conformada por los vocales Juan Ricardo Acosta y María Florencia Casas, reconoció lo que la familia y los organismos de derechos humanos venían reclamando: la responsabilidad del Estado por no haber garantizado la protección de Paola. El tribunal no sólo declaró la obligación estatal de reparar el daño, sino que individualizó en Pisa una cuota de responsabilidad personal inédita en este tipo de casos, al condenarlo a pagar junto con la Provincia una reparación de $36,4 millones más intereses.
Mariela Tacacho, al conocer la sentencia, expresó con crudeza el recorrido que la familia atravesó: “Todo esto es muy fuerte. Cuando nos pasó esto empezamos a averiguar todo el recorrido que hizo mi hija y quedamos más impactados, paralizados, porque en realidad yo miro para atrás y no sé en qué momento hicimos todo lo que hicimos”. Sus palabras reflejan no solo el dolor, sino también la dimensión del desamparo que vivió Paola en vida y que la Justicia ahora reconoce.
El fallo de la Cámara tuvo como eje central la acreditación de las omisiones judiciales y administrativas que impidieron frenar el acoso sistemático de Parada Parejas. El tribunal consideró probado que existió “falta de servicio” por parte del Estado y que la inacción de Pisa constituyó un “factor causal relevante” en el femicidio. Esa fundamentación, de carácter jurídico, configura un precedente que podrá ser invocado en futuras demandas por violencia de género.
En ese sentido, Mariela Tacacho, quien en el proceso judicial es representada por el abogado Roberto Tejerizo, profundizó: “Nosotros siempre dijimos que el Estado es responsable por lo que le pasó a Paola”.
La sentencia también se inscribe en un contexto de reclamos sociales por la efectiva aplicación de la Ley Micaela y de la perspectiva de género en todos los estamentos judiciales. Al condenar a un magistrado en lo personal, la Cámara envió un mensaje institucional: la omisión o la indiferencia frente a la violencia machista puede generar responsabilidad patrimonial directa. “Estamos sentando otro precedente como pasó con Pisa, que fue destituido por su accionar”, señaló Mariela, visibilizando el valor histórico del fallo. Además anunció que están terminando un documental que podría estrenarse en octubre.
La madre de Paola subrayó además que la búsqueda de Justicia nunca estuvo guiada por intereses materiales: “La gente que es mala que van a empezar a publicar cosas como ‘¡Ay, qué por la plata!’. Nosotros no lo íbamos a hacer a este juicio. Nos reunimos con abogados, con organizaciones, con Andhes, con la gente de toda la región que nos dijeron que sigamos la causa para que haya Justicia, pero nunca nos interesó un peso”. La insistencia de la familia permitió que el caso no quedara en el olvido y que se avanzara en la reparación judicial.
Mariela sintetizó lo que significa esta lucha para ella: “Nosotros peleamos primero por mi hija, porque estamos logrando lo que ella no logró. Toda la fuerza que yo tengo me la da mi hija. Yo tampoco sé cómo estoy parada acá, viendo ahora que nos están confirmando que lo que siempre dijimos, que el Estado es responsable, es responsable”.
El crimen de Paola Tacacho no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de un entramado de desidias institucionales. La sentencia que ahora responsabiliza al Estado y a un juez en lo personal constituye una reparación simbólica y material, aunque insuficiente frente a la pérdida irreparable. “Nada me va a devolver a mi hija, la plata que no queremos no me va a devolver a Paola, pero queremos que para nosotros y para otra gente que pueda vivir situaciones similares se sepa que hay responsables”, culminó. /La Gaceta