Presunto tráfico de influencias: aseguran que Ontiveros, Casella y Leal comparten la propiedad de una casa y de un automóvil

Martes 16 de Septiembre de 2025, 17:00

El querellante refutó las acusaciones que había realizado la defensa del sospechado.



Por Juan Manuel Montero

“Lo que está haciendo el abogado defensor de Luis Ontiveros es una maniobra conocida en los expedientes penales: El viejo truco de descalificar a la víctima. Salvo eso y realizar innumerables planteos de nulidad que pretenden paralizar la investigación, no hay ninguna defensa idónea que demuestre la inocencia del imputado”, afirmó Juan Andrés Robles, abogado de Mario Alberto Martínez Zalazar Pérez, funcionario de carrera de ARCA (ex AFIP) que denunció a Ontiveros en la Justicia Federal por tráfico de influencias.

“Mi cliente conoció a Ontiveros por una referencia de Adriana Martínez, abogada de ARCA, he acompañado al señor Fiscal, director de la investigación, la captura de pantalla de su teléfono que demuestra cómo lo deriva a un bar reconocido donde lo esperaba Ontiveros y le pasa su contacto. No es cierto que las declaraciones que hubo en la causa beneficien a Ontiveros, por el contrario, continúan dando elementos de la comunidad de intereses que rodean al imputado”, expresó.

La defensa de Ontiveros había asegurado que los últimos testimonios y pruebas desarman la construcción inicial de la denuncia. Afirma que, con dos encuentros desacreditados y un tercero sin sustento, “queda en evidencia la falsedad de los dichos de Martínez Salazar”. “No se trata de meras diferencias de interpretación, sino de mentiras comprobadas bajo juramento”, enfatizaron, agregando que todo el proceso judicial debería ser revisado a partir de estas contradicciones. La defensa sostiene, además, que la imputación afectó gravemente la vida personal y profesional de Ontiveros, quien se presenta como víctima de un hostigamiento sin pruebas. 

A todo esto salió a responder Robles. “Se intenta hacer quedar a mi cliente como formando parte de una conspiración que tiene como objetivo lesionar la postulación de Solana Casella, mujer de Ontiveros, al juzgado federal, cuando ese es un tema que para él no tiene ninguna relevancia. La realidad es que Ontiveros lo encontró en varias oportunidades y que le ofreció intermediar, a cambio de dinero, para obtener una sentencia del camarista Mario Leal, de quien su mujer es relatora. El ofrecimiento era para obtener una sentencia favorable al hijo de mi cliente, en una causa que se investiga en Catamarca. Es un padre preocupado que aparece en este expediente tras sufrir una verdadera extorsión pues le pedían dinero para que su hijo no vaya preso”, dijo el letrado a La Gaceta.

Para el abogado el ofrecimiento es verosímil pues “Ontiveros, Casella y Leal viven en una comunidad de bienes e intereses. La pareja vive en un inmueble del country Alto Verde 1 que es propiedad de Casella y Leal. Con posterioridad a la denuncia que realizó mi cliente, en el grupo de propietarios de ese country, Casella puso en venta el automóvil Toyota Corolla Cross, patente AF611UM, en el que Ontiveros se movilizaba y que, casualmente, también pertenece a Mario Leal. He puesto a disposición de los magistrados actuantes toda esa información”, manifestó Robles.

El caso se inició con la denuncia de Martínez Salazar Pérez, quien se presentó ante la Fiscalía Federal N°2 el 29 de abril de 2025. Según su testimonio, Luis Alejandro Ontiveros, identificado como “sobrino” del camarista federal Mario Leal, le habría ofrecido una sentencia favorable en una causa que afectaba a su hijo, Jerónimo Martínez Parada, a cambio de una coima. La suma del soborno ascendería a U$S100.000, y la sentencia sería redactada por Solana Esther Casella, pareja de Ontiveros, relatora de Leal y postulante a jueza federal.

En el marco de la investigación, el fiscal subrogante Agustín Chit avanzó con la causa y recopiló elementos clave. Se corroboró que Ontiveros se habría movilizado en un vehículo Fiat Toro registrado a nombre de la Corte Suprema de la Nación y asignado a la vocalía del juez Mario Leal. Además, se acreditó un "vínculo personal no filial" entre Ontiveros y el juez, y se determinó que el denunciado utilizaba la billetera virtual del magistrado para realizar pagos. La investigación también reveló que Casella era relatora de Leal y que dos hermanos de Ontiveros también trabajaban en la vocalía del camarista.

Como parte de las diligencias judiciales, el juez federal N°2, José Manuel Díaz Vélez, ordenó el secuestro del teléfono celular de Ontiveros. Se ha realizado una extracción del contenido del dispositivo utilizando software y hardware forense de Cellebrite para obtener la información.

Ontiveros, a través de su defensa, rechazó todos los cargos, pero aún no fue llamado a declarar, paso que podría darse en los próximos días. /La Gaceta