Desde un country en Tucumán vendía TV ilegal por Internet a todo el país y América Latina: 2000 canales y 2200 películas
Viernes 19 de Septiembre de 2025, 13:28
Según la causa judicial, el esquema operaba bajo la modalidad IPTV, un servicio clandestino que ofrecía acceso a señales en vivo y catálogos on demand sin autorización de los titulares de los derechos. La oferta se difundía en redes sociales a través del perfil de Facebook “EugenioIPTV”, donde se promocionaban aproximadamente 2.000 canales, 2.200 películas y 180 series, entre otros contenidos premium.
Los investigadores señalan que el organizador tenía base operativa en un country de la provincia de Tucumán. Desde allí cobraba abonos mensuales a los usuarios y coordinaba una red de revendedores que expandía el negocio en distintas provincias argentinas y en países de América Latina, incrementando el alcance y el perjuicio a las empresas afectadas.
El principal implicado se llama Rafael Eugenio Mussa y tiene 54 años. En la causa lo representa el abogado Francisco Carignano, con estudio en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fé.
El expediente describe además una “pata” local en Rosario, con tareas vinculadas a la captación de clientes, soporte y cobro. Este anclaje territorial explica la intervención de la Fiscalía Regional Rosario y la competencia del fuero penal local para impulsar la persecución por delitos que lesionan derechos de propiedad intelectual y fraude en servicios de comunicación.
La operatoria, remarcan fuentes del caso, se apoyaba en listas y aplicaciones que permitían acceder a señales de televisión y bibliotecas de películas y series sin autorización. Para el usuario final, el servicio se presentaba como un “combo” de bajo costo frente a los abonos legales; para los titulares de derechos, implicaba la reproducción, retransmisión y comercialización no consentida de sus contenidos.
Un punto clave de la prueba surgió cuando un investigador de Telecom contrató el servicio directamente con el oferente, con el objetivo de documentar técnicamente la infracción. Esa compra encubierta aportó datos sobre cuentas, medios de cobro y funcionamiento del sistema, insumos que luego respaldaron la denuncia penal y diversas medidas de prueba.
A partir de esa validación técnica, la pesquisa mapeó la red de revendedores, los canales de atención a clientes y los mecanismos de alta y renovación de abonos. También se relevaron publicaciones y testimonios que daban cuenta de la escala del negocio y del uso de marcas y señales sin autorización, consolidando la hipótesis de comercialización sistemática de contenidos pirateados.
Para las empresas damnificadas, el caso sienta un antecedente relevante en la persecución de la piratería audiovisual e IPTV ilícita, una modalidad que erosiona ingresos, afecta inversiones y compite de manera desleal con los servicios legales. En paralelo, refuerza la utilidad de las compras de verificación y del trabajo conjunto entre áreas técnicas privadas y fiscalías especializadas.
Desde el punto de vista del usuario, las fiscalías recordaron en causas análogas que la contratación de servicios no autorizados no sólo expone a estafas y vulneraciones de datos personales, sino que además alimenta economías informales que dañan el ecosistema de producción y empleo en la industria audiovisual y de las telecomunicaciones.
El expediente, impulsado por el fiscal de Cibercrimen de Rosario, Matías Ocariz, llegó así a una resolución anticipada que combina admisión de responsabilidad y pena convenida. Resta ahora la audiencia judicial para formalizar el acuerdo y establecer las consecuencias legales definitivas, en un proceso que deja a la luz la escala y el alcance regional que alcanzó la red de distribución ilegal. /Cadena 3
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