Definen si aplican una multa millonaria a 7 prepagas grandes para reparar a sus afiliados

Sábado 20 de Septiembre de 2025, 10:05

La anécdota ilustra el nervio que por estas horas inquieta al sector de la medicina prepaga. En un artículo publicado este viernes, Clarín se refirió a la “cartelización” con tono algo satírico por el hecho de que casi la totalidad de los aumentos de las cuotas previstos para octubre giran en torno a la inflación del 1,9 por ciento. Pero la palabra provoca emociones fuertes. Y hasta algún pedido explícito de evitarla. ¿El motivo? El expediente iniciado el año pasado por ese presunto delito ingresó en la recta final: el Gobierno definirá si aplica una multa a siete prepagas para reparar a sus afiliados.

Lo que investiga la Comisión Nacional de Defensa la Competencia (CNDC) es si un grupo de prepagas grandes -acaparan casi el 65 por ciento del mercado- incurrió en una conducta anticompetitiva y se puso de acuerdo para aplicar fuertes incrementos -en torno al 40 por ciento sólo en enero de 2024- cuando tras la asunción de Javier Milei como presidente el Gobierno decidió mediante el DNU 70 liberar los precios de las cuotas, regulados durante la administración de Alberto Fernández.

Acaba de terminar una etapa clave de la causa: la presentación de los alegatos de cada una de las partes previa al dictamen de la CNDC y posterior resolución final de la Secretaría de Comercio. Como se recordará, la investigación había comenzado por una presentación de la Coalición Cívica, formulada por los diputados Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro, Rubén Manzi y Juan Del Gaiso.

Las prepagas acusadas son OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint, Medifé, Hospital Alemán y Hospital Británico, cuyas defensas alegan que el delito que se les imputa no tuvo lugar, y que los aumentos bajo la lupa se explican por el retraso que tenía por entonces la actualización de las cuotas, más un esquema de costos similar entre empresas que derivó en las coincidencias de los ajustes tarifarios.

“Es una espada de Damocles”, graficó una fuente de las prepagas investigadas en referencia a la persistente amenaza de un fallo adverso, lo que podría significar un golpe económico sin precedentes. Con ese filo sobre la cabeza vienen transitando esta etapa de libre mercado y las sucesivas reformas promovidas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).


Pablo Lavigne era secretario de Comercio cuando la causa comenzó a tramitarse.

El plazo límite para que ahora el proceso llegue a una resolución está previsto en 60 días. Desde la Secretaría de Comercio respondieron ante la consulta que “no hay fecha estimada para el fallo”. Mientras la definición no suceda, la relación de fuerzas renovaría su estatus, con la vigencia intacta de la eventual herramienta disciplinadora en el radar.

En su alegato, los legisladores de la Coalición Cívica reclamaron una multa que supera los 220 mil millones de pesos, en función del artículo 55 de la ley 27.442. Para contradecir el argumento de las prepagas, vinculado a la estructura de costos, hacen un análisis del supuesto impacto disímil que en cada empresa tienen diferentes rubros: gastos de farmacia, remuneración del personal, prácticas ambulatorias, e internación clínica y sanatorios.

Como ejemplo, se puede citar que, según el escrito de los diputados alimentado por datos del expediente, el gasto en fármacos para OSDE representaría el 21,73%; para Swiss Medical, el 4,13%; para Galeno, el 6,78%; para Medifé, el 22,32%; para Omint, el 6,65%, para el Alemán, el 0,37% y para el Británico, el 16,55%.

Esas variaciones, en base al análisis realizado, se repiten en cada rubro, por lo que concluyen que “dicha disparidad de estructuras de costos destruye la tesis de una convergencia casual de los aumentos”. Y ante la evidencia de que en febrero y marzo de 2024 los índices de ajuste aplicados mostraron mayor diversidad, dicen tener “la tesis de que con el conocimiento de la denuncia, parte del cartel fue produciendo una divergencia en los aumentos a los efectos de excusarse ante esta Comisión (N. de la R.: la CNDC)”.


El ex titular de la SSS, Gabriel Oriolo, y el actual, Claudio Stivelman.

"Desproporción de los aumentos"

Entre otras cosas, el alegato de los denunciantes también se refiere a “la desproporción de los aumentos”, al considerar que “no coinciden con ninguna variable macro ni tampoco con la variable específica. Aun si existiera retardo de aumentos, la diferencia es el triple de la variación del índice salud y dos veces y media la inflación acumulada”.

Además, mencionan la existencia de una reunión de la Unión Argentina de Salud (UAS) el 26 de diciembre de 2023 “en la cual se trató explícitamente el tema de la implementación del DNU 70/2023”. E interpretan -al articular eso con otros indicios- que “la acreditación de la reunión da cuenta de que existió el momento en que se habría consolidado el cartel”.

Ahora, la CNDC deberá analizar los argumentos y elementos de prueba aportados por las diferentes partes involucradas para tomar una decisión sobre lo que sería el capítulo final de un conflicto desatado en los albores del Gobierno libertario, que incluyó además un juicio de la SSS por el que las prepagas debieron realizar devoluciones a sus afiliados -a lo largo de 12 meses- de lo cobrado por encima de la inflación.

La aplicación de una posible multa no devendría automáticamente en un beneficio económico lineal para los afiliados, más allá de la reparación del daño que la norma estipula a través del pago punitivo al Estado. Aunque según explicó el diputado Reyes, "si una prepaga es condenada por cartelización, cada persona que se considere afectada por la conducta sancionada podría iniciar de manera individual una demanda en la Justicia civil con el objetivo de reclamar una indemnización". /Clarín

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