La Justicia Electoral resolvió que Karen Reichardt encabece la boleta de LLA y no Santilli
Miércoles 08 de Octubre de 2025, 12:19
Karen ReichardtAsí lo definió el juez federal Alejo Ramos Padilla en una resolución que emitió este miércoles antes de las 10 de la mañana, un día después de que la fiscal Laura Roteta dictaminara en el mismo sentido: que correspondía que la cabeza del listado fuera Reichardt y no Santilli, como pretendía el presidente Javier Milei. Esto después de bajar a Espert en medio del escándalo por sus vínculos con "Fred" Machado, preso por narcotráfico y con un pedido de extradición en marcha a Estados Unidos.
De momento, la opción que tiene LLA es apelar este fallo en Cámara, aunque se acortan los tiempos porque la elección está pautada para el 26 de octubre. Según confirmaron altas fuentes de Balcarce 50 a La Nación, irán por esa vía.
No obstante, todo retrasa el proceso de reimpresión de boletas con los nuevos candidatos, en caso de que una segunda instancia se hiciera eco del pedido de la Casa Rosada. De acuerdo al informe que le presentó el ministro del Interior, Lisandro Catalán, al juez, al que accedió este medio, el proceso saldría $12.169 millones y tardaría cinco días por cada lote de 3.300.000 papeletas, sin realización de una licitación previa. Dijo Catalán que la Casa Rosada cuenta con las partidas para afrontar ese gasto.
Por su parte, Ramos Padilla le aceptó la renuncia a Espert, pero también a Lucía Elizabeth Benardoni (que iba N°34) y a María Gabriela Gobea (suplente N°5), que el Gobierno había pedido bajar para que quedara ordenada la paridad de género si Santilli iba primero en la lista.
Asimismo, declaró inconstitucional la aplicación del artículo 7 del Decreto 171/19 para el reemplazo del primer candidato titular de la lista, en el que se basó la representación legal de LLA para exigir que Santilli reemplazara a Espert.
“Resuelvo no hacer lugar a los corrimientos solicitados por la alianza La Libertad Avanza”, sostuvo Ramos Padilla y anexó a la resolución cómo debería quedar el listado, con Reichardt primera y Santilli de escolta.
En su solicitud a la Justicia, los apoderados libertarios Luciano Martín Gómez Alvariño, Juan Esteban Osaba y Alejandro Carrancio se habían basado en el artículo 7 del Decreto 171/2019 para que se ordene “el corrimiento ascendente por género de las candidatas mujeres a partir del orden número 34, y de los candidatos varones a partir de Santilli”, de modo que quedara número uno del listado.
En su resolución, Ramos Padilla enumeró las presentaciones en contra de la voluntad del Gobierno que llegaron de parte de sectores opositores: la de María Eugenia Talerico, la de Malena Galmarini y la de Unión Federal. Este año, por primera vez, se vota con Boleta Única de Papel (BUP), por lo que todos los espacios comparten la misma papeleta, al contrario de las veces anteriores.
Tomó en cuenta, también, el dictamen de Roteta, que avalaba la candidatura de Reichardt por sobre la de Santilli.
Entre sus justificativos, Ramos Padilla señaló que a través de la Ley 27.412 se definió que haya paridad de género en los ámbitos de representación política, pero reparó en que, sin embargo, “ninguna ley establece el modo en que deben sustanciarse los reemplazos de los candidatos ya oficializados en caso de renuncia, fallecimiento, incapacidad permanente, entre otras”, por lo que existe un vacío legal. Y sostuvo que el decreto al que hizo referencia LLA para pedir el cambio de candidatura fue regulado por un reglamento del Poder Ejecutivo y no por una ley del Congreso.
Recordó, además, que en un caso anterior la Corte Suprema y la Cámara Nacional Electoral declararon la “inconstitucionalidad” de la aplicación de ese decreto para definir el reemplazo.
Además, señaló que la reglamentación que deriva del decreto sería lógica para cualquier vacancia de una lista de candidatos, menos para quien encabeza la lista. “¿Por qué la reglamentación no puede resultar válida para quien encabeza la lista? Porque, junto con el último suplente, se trata del único puesto de la lista de candidatos/as que, al quedar vacante, no afecta la paridad de género. Por dar un ejemplo, si renuncia el candidato varón N° 13 de una lista, la candidata 12 y la 14 quedarían consecutivas, afectando la alternancia. Ello no ocurre con el primer puesto de la lista de candidatos/as“, refirió, contra la idea de los representantes libertarios.
Y añadió que, de hacer lugar al pedido de LLA, el candidato varón número tres (Santilli) saltearía a la candidata mujer número dos (Reichardt). “Se produce un efecto cascada donde todos los candidatos varones deben anteponerse a las candidatas mujeres que poseían un mejor lugar en la lista y, por lo tanto, contaban con más chances de acceder a un cargo. De este modo, la reglamentación no solo regula una situación por fuera de las previsiones legales, sino que, además, en este caso concreto genera un efecto contrario al espíritu de la normas legales y constitucionales que debería reglamentar”, señaló Ramos Padilla.
Por otra parte, tomó en cuenta que la salida de Espert del listado no se dio por una cuestión de fuerza mayor (como fallecimiento) sino por una voluntad del partido, que además notificó de manera “intempestiva” la renuncia también de dos candidatas mujeres para que quedara correcta la paridad si ascendía Santilli.
“En vez de mantener la posición original de la totalidad de la lista oportunamente oficializada, la alianza busca forzar, mediante la renuncia de dos candidatas mujeres, que no solamente quede un varón encabezando la lista, sino que otros 16 candidatos varones pasen por encima de las candidatas mujeres que originalmente se les anteponían, lo que resulta manifiestamente contrario a las normas de rango constitucional y legal que regulan la materia“, enfatizó el juez, quien tildó como ”inadmisible" y “manifiestamente irrazonable” el pedido de LLA.
Por lo tanto, indicó que corresponde mantener “incólume” el orden de la lista y aplicar el “movimiento natural ascendente” de todas las candidaturas. “Una conclusión contraria a la aquí efectuada, tal como sostuvo la señora representante del Ministerio Público Fiscal [por Roteta], implicaría tolerar que el remedio (paridad) se vuelva en contra del propio colectivo protegido y tendería a agrandar la brecha que la ley de paridad de género pretendió achicar”, concluyó. /La Nación
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