Miércoles 08 de Octubre de 2025, 18:28

Cristina Contreras.
La Justicia penal fijó fecha para el juicio oral y público contra la comisionada de Las Cejas, Cristina Mabel Contreras, en el marco de una causa iniciada en 2018 a partir de la denuncia de ex empleados de esa comuna. Según los registros oficiales del Poder Judicial, la decisión fue tomada por el juez Antonio Gutiérrez, quien citó a la funcionaria a las audiencias para el 28 y 29 de abril del año próximo.La causa había sido elevada a juicio en 2024, a partir del requerimiento efectuado por el fiscal Diego López Ávila, con el visto bueno del juez Raúl Armando Cardozo,
con Contreras acusada por los delitos de extorsión (en perjuicio de Mónica Dolores Risso, Ramón Ernesto Soto y José Silvestre Risso), en concurso ideal con abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos (en perjuicio de la Administración Pública), ambos presuntos delitos en concurso real con estafas en dos oportunidades (en perjuicio de Soto y de Risso).Durante la pesquisa, se atribuyeron a la delegada cuatro hechos, que deberían ser aclarados en el debate oral y público.
El primero indica que, desde el 1 de septiembre de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2017, Contreras -en su carácter de comisionada de Las Cejas- celebró contratos de trabajo con la ciudadana Mónica Dolores Risso “a fin de que la misma prestara servicios en la comuna”.

La comisionada Cristina Contreras
Sin embargo, según la acusación contenida en el requerimiento de elevación a juicio, la funcionaria “abusando de su cargo” y “con intenciones de apropiarse de sumas dinerarias”, al momento de contratar a la mujer “le expresó que,
para poder desempeñarse como empleada, debía compartir su remuneración con el resto de los empleados de la entidad pública o de lo contrario perdería su contrato de trabajo”. De los montos, que oscilaban entre los $9.478,70 y los $14.656,73, la trabajadora recibía $3.000, añade la documentación judicial. Luego, siempre según el expediente, directamente la delegada se habría quedado con la tarjeta de débito.El segundo hecho indica que, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2016; y desde el 1 de octubre de 2016 y hasta el 28 de febrero de 2018,
Contreras habría llevado adelante esta operatoria con el ciudadano Soto.La imputación enumera luego un tercer hecho registrado entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2016, y desde el 1 de julio de 2017 y hasta el 28 de agosto de 2018,
con José Risso como protagonista de una supuesta maniobra idéntica a las anteriores.Y el cuarto hecho incluido en el requerimiento de elevación a juicio menciona que
“aprovechando tener retenidas en su poder las tarjetas de débito del Banco Tucumán Grupo Macro pertenecientes a José Silvestre Risso y Ramón Ernesto Soto a los fines de extraer regularmente el dinero de sus cuentas sueldo, Contreras procedió el 22 de marzo de 2018, entre las 9.26 y las 9:36, a hacer un uso indebido de las tarjetas de débitos, al haberlas utilizado en un cajero automático situado en Maipú 70 de la Capital”.

En septiembre de 2023, a través del abogado Gustavo Morales, Contreras había presentado un escrito ante el Juzgado adjuntando un acta notarial en la que “se plasma la ‘manifestación’ y ‘retractación’ de la víctima Ramón Ernesto Soto”. Por ello, se aceptó el desistimiento del rol de querellante otorgado en esta causa. No obstante, el juez advirtió que, de acuerdo a la normativa, “la acción respecto de los cuatro hechos investigados en esta causa es pública”, por lo que “nada obsta a la prosecución de la causa en el estado en que se encuentra”.
Tras este trámite, finalmente, el juez Gutiérrez confirmó que el debate oral y público contra Contreras será el año próximo.
Además de la causa judicial,
la delegada de Las Cejas afronta un proceso administrativo en el ámbito del Tribunal de Cuentas por una denuncia del dirigente Enrique Romero, quien presentó facturas de compras de materiales a nombre de la comuna, y aseguró que esos elementos fueron destinados a la construcción de una vivienda particular en El Cadillal.
Contreras rechazó estas acusaciones. Según el acuerdo 4.339 del Tribunal de Cuentas, esos recibos -cuya veracidad fue constatada- no fueron incluidos en las rendiciones de cuentas correspondientes a la comuna, por lo que el ente de contralor otorgó un plazo de 5 días hábiles para la entrega de informes bancarios de la administración local. /
La Gaceta
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