Viernes 10 de Octubre de 2025, 05:26

ENTORNO. El Petiso David y su madre, parte del círculo de confianza del detenido, desde donde habrían salido los intentos de forzar a los testigos para que respalden las denuncias del imputado contra la Policía.
La investigación por el tiroteo que involucra a Javier “Chuky” Casanova y Facundo Ale sumó un nuevo capítulo judicial tras una grave denuncia contra el clan de Los Gardelitos. Integrantes del grupo habrían intentado sobornar y amenazar a los testigos que participaron en el allanamiento donde se secuestraron cinco kilos de marihuana en la casa de Walter “Petiso David” Lobo, con el objetivo de que modificaran su declaración y afirmaran que la Policía había “plantado” la droga.
El episodio salió a la luz luego de que los dos testigos civiles del procedimiento —cuyas identidades se mantienen en reserva por razones de seguridad— relataran ante la Justicia que fueron contactados por miembros del clan. Uno de ellos denunció haber recibido una oferta de dinero a cambio de cambiar su testimonio; el otro aseguró que fue directamente amenazado junto con su familia.
El hecho motivó la intervención simultánea de la Justicia Federal, la Justicia provincial y la Policía. En el fuero federal se decidió adelantar la toma de declaración de los testigos y disponer una custodia permanente en sus domicilios, sin revelar su ubicación para evitar represalias.
La causa tuvo origen en una serie de allanamientos ordenados en el marco de la investigación por el enfrentamiento armado entre Casanova y Ale. En uno de ellos, realizado en Yerba Buena, la Policía halló los cinco kilos de marihuana que derivaron en la detención de Lobo.
El acusado, al presentarse ante las autoridades tras conocerse una recompensa de $20 millones por su paradero, denunció que la sustancia fue colocada por efectivos policiales con fines políticos y que formaba parte de un cargamento de 56 kilos secuestrado días antes en Trancas.
Sus defensores solicitaron un peritaje comparativo entre ambos decomisos para intentar demostrar que la droga provenía del mismo lote, una hipótesis que el jefe de Policía, Joaquín Girvau, desestimó con firmeza: “Lo tendrán que probar en la Justicia”, advirtió.
El intento de manipular a testigos judiciales, un delito grave en cualquier causa, encendió las alarmas en el entorno judicial y policial. La sospecha de que el clan buscó alterar pruebas clave podría tener consecuencias directas en el futuro procesal de sus integrantes y agrava aún más un expediente ya cargado de vínculos con el narcotráfico y hechos de violencia.
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