Un socio de Fred Machado es apuntado como quien lavaba el dinero de la corrupción
Sábado 15 de Noviembre de 2025, 15:03
La causa expuso un circuito de desvío de fondos, triangulaciones y vínculos empresariales que apuntan a maniobras de lavadoDentro de ese engranaje aparece Sergio Daniel Mastropietro, empresario aeronáutico y socio de Fred Machado, el financista de la campaña de José Luis Espert que será juzgado en los Estados Unidos por narcotráfico. De acuerdo con el dictamen del fiscal Franco Picardi, su función estuvo vinculada al manejo, circulación y eventual legitimación de los fondos obtenidos por el grupo liderado por Miguel Ángel Calvete, señalado como operador paraestatal dentro del organismo, con relación directa con funcionarios y con el entonces titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.
Spagnuolo —cercano a José Luis Espert— visitó en varias oportunidades a Mastropietro, lo que reforzó para la fiscalía la existencia de un vínculo operativo.
La participación más evidente de Mastropietro surgió a partir de sus movimientos asociados a Baires Fly S.A., una compañía de aviación privada. El 10 de septiembre de 2025, Calvete le envió cinco archivos con transferencias bancarias por cientos de millones de pesos dirigidas a esa empresa. Los fondos provenían de droguerías favorecidas por las adjudicaciones del área de Discapacidad: Profarma S.A., Prolite Orthopedics S.R.L. y Probock S.R.L.
Tras recibir esa información, Mastropietro remitió facturas de Baires Fly S.A. a las mismas droguerías por montos idénticos, bajo un concepto uniforme: “compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa”. La fiscalía interpretó esta descripción como funcional a operaciones destinadas a ocultar el origen y la verdadera finalidad de los fondos, encajando en un patrón compatible con posibles maniobras de lavado.
El dato no pasó inadvertido: el propietario de Baires Fly es Luis Grande, expiloto de la gobernación de Río Negro, provincia donde tanto Fred Machado como la diputada Lorena Villaverde —a quien se vincula con Machado— tienen fuerte presencia política. Además, información de inteligencia enviada a Homeland Security, revelada por LA NACION, indicó que Mastropietro y Machado no solo compartieron sociedades y negocios aeronáuticos, sino también el mismo domicilio en la ciudad de Buenos Aires, ubicado en Juez Tedín 2860. Allí también aparece radicada la sociedad SO VAIN S.A., y desde allí se habrían coordinado vuelos privados realizados en conjunto, incluidos viajes a Estados Unidos en 2016 y a Perú en 2019 con pasajeros de distintas nacionalidades.
Las comunicaciones internas muestran que Mastropietro integraba el círculo más estrecho de confianza de Calvete. Era mencionado de forma constante, recibía transferencias periódicas y figuraba como una de las personas a quienes Calvete consultaba sobre la disponibilidad de dinero en efectivo. También se lo relacionó con Alan Pocoví, señalado como partícipe en el movimiento de fondos.
La conexión alcanzaba directamente a Diego Spagnuolo. La investigación verificó dos visitas de Mastropietro al domicilio del exfuncionario, ubicado en Altos de Campo Grande, durante 2025. En ambas oportunidades se registró el ingreso casi simultáneo de Calvete y de su pareja, Guadalupe Ariana Muñoz, administradora del dinero en efectivo del esquema. Esta coincidencia llevó a los investigadores a situar a Mastropietro en reuniones donde se habrían tomado decisiones sobre el manejo de las ganancias obtenidas a través de direccionamientos y sobreprecios.
Su actividad societaria también generó sospechas. En 2018 conformó la empresa MEGASTATICA S.A.S. junto con Lorena Di Giorno, funcionaria de ANDIS. El domicilio declarado de esa firma coincidía con la sede de INDECOMM S.R.L., vinculada a Calvete, lo que reforzó la hipótesis de un entramado empresarial montado para canalizar recursos.
El funcionamiento del circuito económico quedó aún más claro durante los allanamientos del 9 de octubre de 2025. Ese día, Calvete intentó reorganizar los fondos ilícitos a través de Mastropietro y de Pocoví, según surge de los mensajes secuestrados. También ordenó a otro colaborador que lo contactara para realizar una transferencia, aunque más tarde se supo que Mastropietro no pudo concretarla. La secuencia fue clave para reconstruir la reacción del grupo frente al avance judicial y el lugar operativo que tenía cada integrante.
La fiscalía determinó que el dinero administrado por Mastropietro provenía de las maniobras realizadas dentro de la ANDIS, especialmente en la compra de medicamentos e insumos PACBI mediante licitaciones direccionadas y con valores inflados. Las adjudicaciones recaían en un conjunto reducido de proveedores —principalmente Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A.— que concentraban la mayoría de las órdenes de compra. En las compulsas acotadas, Profarma y Génesis recibieron más del 93% de las adjudicaciones, por montos superiores a los 30.000 millones de pesos.
Ese dinero, correspondiente al programa federal Incluir Salud, retornaba luego a los funcionarios que controlaban las contrataciones. Una parte se distribuía entre autoridades del organismo —Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Eduardo González y Lorena Di Giorno— y otra ingresaba al circuito de triangulación en el que participaban Mastropietro y Pocoví.
Para la fiscalía, el rol de Mastropietro encaja en un comportamiento típico de lavado de activos: emisión de facturas con conceptos insuficientes, recepción de montos millonarios desde empresas beneficiadas y vínculos directos con quienes dirigían el sistema. Su relación con una empresa de aviación agregaba además un elemento de riesgo para la investigación: la posible utilización de aeronaves para el movimiento físico de dinero o para facilitar eventuales fugas.
Con estos elementos, se ordenó el allanamiento del domicilio de Mastropietro en San Isidro. El objetivo fue secuestrar documentación, dispositivos electrónicos y registros vinculados a las operaciones detectadas. Para la investigación, su papel fue decisivo en la consolidación del circuito que permitió convertir fondos públicos desviados en activos con apariencia de legalidad. /La Nación
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