Tucumán instalaría radares aéreos para combatir el narcotráfico
Domingo 16 de Noviembre de 2025, 08:57
Un proyecto impulsado por Gerónimo Vargas Aignasse promueve la instalación de radaresLa Legislatura de Tucumán analiza un proyecto de ley que busca reforzar el control del tráfico aéreo ilegal en la provincia mediante la creación del Régimen Provincial de Cooperación Aeroespacial, Radarización e Interdicción Aero-Terrestre. La iniciativa, presentada por el vicepresidente de la Comisión de Justicia y Seguridad, Gerónimo Vargas Aignasse, apunta a combatir delitos transnacionales como narcotráfico, contrabando, trata de personas, tráfico de armas y migración ilegal, en un territorio considerado estratégico para estas operaciones.
El proyecto establece una adhesión formal a las Reglas de Protección Aeroespacial (RPA) del Estado Nacional, aunque aclara que la provincia no delega sus propias competencias ni puede hacer uso de la fuerza aérea. A la vez, exige al Gobierno nacional la instalación y mantenimiento de radares primarios y secundarios, argumentando que persisten “zonas de sombra” que dificultan detectar temprano el Tránsito Aéreo Irregular (TAI), es decir, vuelos sin plan autorizado, sin matrícula visible o adulterada, y a baja altura.
La iniciativa designa al Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación y propone crear el Centro Provincial de Fusión Aero-Terrestre (CeFAT), que centralizará la información, coordinación y registro de todos los TAI detectados en Tucumán. En materia de interdicción terrestre, se faculta al Ministerio a investigar, clausurar e inutilizar pistas clandestinas, además de secuestrar combustible aeronáutico, equipos, vehículos y otros elementos vinculados al apoyo terrestre del narcotráfico aéreo. También se crea el Registro Provincial de Locaciones Aero-Sensibles (REPLAS) para controlar predios y aeroclubes, y se impone un deber de informar trimestral a quienes comercializan o transportan combustible aeronáutico.
El régimen incorpora un capítulo de sanciones que prevé multas, clausuras, decomisos e inhabilitaciones para quienes mantengan pistas no registradas, obstruyan operativos o incumplan requerimientos de información. Las contravenciones más graves —como abastecer aeronaves irregulares o encubrir operaciones— podrán implicar arrestos de 15 a 180 días.
Para financiar el despliegue, se crea el Fondo Provincial de Cooperación Aeroespacial (FONCOA), destinado a sostener acciones de radarización, adquisición de sensores y drones, destrucción de pistas clandestinas y capacitación, con fondos provenientes de multas, aportes del Tesoro provincial y convenios. Además, los municipios deberán adaptar sus ordenanzas para impedir la construcción de pistas ilegales y colaborar con el control territorial.
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