El juez federal de Tucumán se excusó de intervenir en el caso de la presunta evasión millonaria
Martes 18 de Noviembre de 2025, 13:27
Un magistrado de Catamarca se hará cargo de la investigación contra un grupo empresario.La Justicia Federal investiga una presunta asociación ilícita tributaria que, según surge de un dictamen del MPF, habría operado por más de trece años a través de un complejo entramado de sociedades vinculadas al sector azucarero en Tucumán. Los fiscales sostienen que, al menos desde el año 2011, este grupo de personas humanas y jurídicas se dedicó a evadir el pago de obligaciones tributarias y previsionales en el marco de la explotación del Ingenio La Trinidad. El mecanismo central de la maniobra consistió en la rotación sucesiva de sociedades que formalmente explotaban la planta. De acuerdo con el dictamen, estas firmas -entre las que se mencionan Azucarera La Trinidad SA, MIJASI SRL, Azucarera del Sur SRL, ANZUC SRL, Fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares SA- eran vaciadas de todo ingreso y actividad tras un período acotado, dejando de cumplir con sus obligaciones fiscales, tributarias y previsionales. Posteriormente, otra firma asumía la actividad, registraba empleados y operaciones comerciales, repitiendo el ciclo hasta quedar inactiva ante las autoridades tributarias.
Los hechos se originaron a partir de sucesivas fiscalizaciones realizadas por la AFIP y procedimientos penales previos. La investigación contó con la intervención de la Procelac, organismo especializado en criminalidad económica, lo que subraya la complejidad patrimonial del caso y la necesidad de analizar el eventual diseño estructural de mecanismos de lavado, vaciamiento y desvío de activos.
Los fiscales identificaron como sospechosos a varias personas, destacándose a Ricardo Sixto Ansonnaud, a quien el MPF atribuye el rol de organizador. Ansonnaud habría tenido una intervención preponderante en la toma de decisiones relativas a la explotación del ingenio, actuando como beneficiario fiduciario, socio gerente y vicepresidente de compañías involucradas. Su condición de contador es relevante, pues su conducta debe valorarse por su "especial conocimiento de la materia tributaria y previsional". También fue imputado Fabio Enrique Seoane, señalado como organizador operativo, quien revistió la calidad de presidente en Los Chaguares SA y gerente en MIJASI SRL y ANZUC SRL. Además de estos, la lista incluye a un hombre ya fallecido y a otros dos empleados. La fiscalía también analiza la posible responsabilidad penal de contadores auxiliares en la maniobra, ya que los actos contables originados en el ejercicio profesional pueden lucir dotados de una legalidad que prueba una realidad frente a terceros.
La acusación se basa en que la asociación ilícita operó para evadir impuestos por sumas millonarias. Sólo respecto de Los Chaguares SA, las certificaciones administrativas revelan que los montos evadidos por IVA y Ganancias superaron los 93.000.000 en 2017 y 109.000.000 en 2018. Además, se constató la apropiación indebida de aportes previsionales. En este rubro, sólo en aportes no depositados entre 2017 y 2019, se registraron cifras mensuales que, en algunos meses, superan los $3.000.000. La fiscalía sostiene que se retuvieron los aportes previsionales, incluidos los de obra social, a los empleados sin depositarlos en tiempo y forma. Entre las maniobras concretas que evidencian la asociación criminal, los investigadores enumeran la “ocultación maliciosa de la realidad económica de la explotación del ingenio”, la “sistemática omisión maliciosa de declaraciones juradas”, la “registración de créditos fiscales inexistentes”, y el uso de socios sin capacidad económica que figuraban retirando azúcar del ingenio.
La figura penal atribuida es la de asociación ilícita tributaria, contemplada en el artículo 15 inciso “c” de la Ley Penal Tributaria, que sanciona a “quien formare parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la ley penal tributaria”. Para los fiscales, este es un delito autónomo que “se consuma con la sola circunstancia de formar parte de la asociación ilícita” sin requerir la consumación de cada delito tributario específico. Las penas por este delito oscilan entre tres años y seis meses y diez años de prisión. Aquellos que revisten el carácter de jefes u organizadores enfrentan una escala agravada. Adicionalmente, la ley prevé la posible inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, una sanción que se aplicaría especialmente a los profesionales que utilizaron su conocimiento técnico para facilitar la maniobra. Además, se puede aplicar una multa de dos a diez veces el valor del tributo evadido.
En contraposición a lo que sostiene el MPF, el abogado Arnaldo Ahumada, defensor del empresario Ricardo Ansonnaud, calificó la investigación de “absurda” y “escandalosa”. Ahumada aseveró que su defendido no debe "absolutamente nada" debido a que sus obligaciones están cubiertas por un plan de pago de moratoria y blanqueo que se está cumpliendo rigurosamente. La defensa argumenta que los beneficios de extinción de la acción penal fueron avalados por la fiscalía y la ARCA. El letrado criticó duramente que el Ministerio Público Fiscal haya continuado recibiendo los pagos del plan de moratoria incluso después de iniciar la causa por asociación ilícita. Ahumada cuestionó que, si el Estado considerara que los fondos son producto de un delito, la reacción coherente debió haber sido dejar de percibir el dinero y someter a juicio al acusado, en lugar de seguir cobrando. La defensa ha planteado la nulidad de la indagatoria, señalando que la nueva imputación mina la seguridad jurídica, y considera que la figura de asociación ilícita imputada es “casi incomprobable”. Mientras tramita un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la fiscalía solicitó aplicar medidas cautelares para asegurar bienes, buscando garantizar el decomiso de los bienes que han sido objeto, producto y/o provecho del delito. Todos los acusados fueron sometidos a indagatoria y la Justicia, ahora bajo la órbita del juez Contreras, debe resolver si los procesa. /La Gaceta
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