Un fuerte debate regional refuerza la idea de Tucumán de liderar la lucha aérea contra el narcotráfico

Viernes 05 de Diciembre de 2025, 04:50

DEBATE REGIONAL. Desde Entre Ríos, donde se dio este entre otros casos de vuelos narco, el ministro de seguridad Néstor Roncaglia, experto en la materia, adhirió al reclamo de medidas articuladas entre Nación y provincias que propone Tucumán.



La reciente caída de una avioneta en Rosario de la Frontera ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del control aéreo en el país, sobre todo en el NOA y el NEA.  Es crucial recordar que esta responsabilidad recae en la Nación, ya que las provincias carecen de jurisdicción para ello. Sin embargo, sí pueden ofrecer apoyo logístico, como ceder terrenos y brindar seguridad al sistema, así como recursos humanos, designando personal capacitado.  

En este sentido, si se concreta el proyecto del gobernador Osvaldo Jaldo para instalar un sistema de vigilancia que detecte los vuelos clandestinos de droga, Tucumán se convertirá en la primera provincia en invertir en el control aéreo.

Los expedientes judiciales revelan que los vuelos narcos parten desde Bolivia con hasta 500 kilos de cocaína o marihuana.  Según los investigadores, la droga se transporta hasta el sur de Salta, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos.  Algunas aeronaves aterrizan en el lugar, mientras que otras recurren a la técnica del “bombardeo”, arrojando la droga en pleno vuelo.

Santiago del Estero ha cobrado protagonismo en el panorama del narcotráfico. En una columna publicada días atrás en un diario de tirada nacional, el periodista Miguel Wiñaszki citó a Douglas Farah, un experto en el crimen organizado de Latinoamérica. Farah destacó que la vecina provincia sirve como un importante centro logístico para la distribución de drogas hacia el Pacífico y el Atlántico. El informe también reveló la existencia de “centenares de pistas clandestinas e innumerables avionetas que trafican cocaína, aprovechando desiertos y la complacencia deliberada”.

En respuesta a esta situación, el gobernador salteño Gustavo Sáenz pidió públicamente la reactivación de la Ley de Derribo. Esta ley, sancionada durante la administración de Mauricio Macri y posteriormente derogada durante la presidencia de Alberto Fernández, autorizaba la neutralización de vuelos narcos. 

Néstor Roncaglia, ex jefe de la Policía Federal especializado en narcotráfico y actual ministro de Seguridad de Entre Ríos, se unió a este llamado. Roncaglia enfatizó la gravedad de la situación, afirmando: “Nos llenan de cocaína y violan nuestra soberanía”. Entre Ríos se encuentra entre las provincias que registraron la mayor cantidad de casos de vuelos narcos en 2025.

En una conferencia de prensa, Rafael Vehils Ruiz, fiscal federal de Tucumán, intentó calmar los ánimos.  Afirmó que antes de considerar el derribo de avionetas narcos, es fundamental perfeccionar los sistemas de control aéreo.  Hizo un llamado público al gobernador Jaldo para que se una a sus pares y presenten un planteo conjunto a la Nación.  Además, destacó la importancia de adquirir escáneres para instalar en las rutas.

El legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, junto con sus colegas Maia Martínez y Carlos Najar, presentaron un proyecto en el Comité de Seguridad, que busca sancionar la ley sobre la Cooperación Aeroespacial, Radarización e Interdicción Aero-Terrestre para la Prevención y Represión de Delitos Transnacionales.

Los autores del proyecto reconocieron los resultados positivos del Operativo Lapacho, pero consideraron que no son suficientes.  Señalaron que la eficacia de este sistema depende de la radarización integral del espacio aéreo nacional, un proceso que aún no se ha completado en Tucumán.  En la provincia persisten zonas de sombra radar que dificultan la detección temprana del Tránsito Aéreo Irregular (TAI).

La experiencia del Operativo Lapacho también reveló la limitación estructural de carecer de un control aéreo coordinado con la Nación.  Detectar aeronaves irregulares que ingresan o sobrevuelan Tucumán requiere la instalación de radares primarios y secundarios, conectados al Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (Sinvica).  Además, es fundamental la plena operatividad de las Reglas de Protección Aeroespacial (RPA), cuya aplicación depende del Estado Nacional.