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Fútbol Para Todos: este viernes se conocerá la sentencia para Aníbal Fernández y Jorge Capitanich
Viernes 05 de Diciembre de 2025, 07:39
El veredicto, que pondrá fin a un proceso judicial iniciado en 2014, se producirá a las 15, coincidiendo deliberadamente con el momento en que se esté realizando el sorteo del fixture para el próximo Mundial 2026.
El fiscal Miguel Ángel Osorio solicitó penas de prisión que oscilan entre los 8 meses y los tres años para los principales acusados, exigiendo además la inhabilitación para ejercer cargos públicos para los funcionarios.
Entre los acusados que enfrentan la posibilidad de una condena se encuentran figuras de alto perfil político y deportivo:
Aníbal Fernández, exjefe de Gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, enfrenta un pedido de tres años de prisión y la inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos. La fiscalía lo acusa de defraudar al Estado por no haber velado para que se cumplieran los objetivos del contrato asociativo con la AFA.
Jorge Capitanich, también exjefe de Gabinete, tiene un pedido de pena de ocho meses de prisión.
Luis Segura, quien era presidente de la AFA durante ese período, es el único dirigente de la asociación acusado, enfrentando un pedido de dos años de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Además de las penas privativas de libertad, la fiscalía solicitó que los acusados paguen 456 millones de pesos, cifra que representaría el monto producido ilegalmente por la administración fraudulenta de FPT.
La causa, impulsada por la entonces legisladora Graciela Ocaña en 2014, investigó la malversación de fondos del programa FPT, el cual había gastado 7.000 millones de pesos desde su creación en 2009.
La maniobra central se basaba en que la AFA, tras recibir el dinero del Estado por los derechos de televisación, entregaba a los clubes cheques posdatados a 90 o 120 días. Los clubes, necesitados de efectivo inmediato, cambiaban estos documentos en financieras y cooperativas, como Amigal, que se cree estaban ligadas a directivos del fútbol y al poder político, aplicando tasas de redescuento usurarias que generaban un retorno significativo.
El fiscal Osorio argumentó que, si bien el Gobierno transfería la plata, los funcionarios defraudaron al Estado al no asegurar que se cumplieran los objetivos del contrato. Pese a que el FPT buscaba sanear los pasivos de los clubes y generar ingresos para el deporte olímpico, el resultado fue “ruinoso”, provocando que las instituciones aumentaran sus pasivos.