Dos policías de la URN, acusados por la utilización como albañiles de detenidos condenados
Jueves 11 de Diciembre de 2025, 19:32
El MPF acusó al segundo jefe de la Unidad Regional Norte, Sergio Marcelo Juárez, y el suboficial Walter Frías.La Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal afirmó que en la Unidad Regional Norte (URN) se había instaurado un mecanismo “estable y prolongado” para emplear a detenidos condenados como mano de obra en beneficio de altos funcionarios policiales.
La acusación recayó sobre el segundo jefe de la URN, Sergio Marcelo Juárez (51), y el suboficial Walter Frías (48). La Justicia dictó prisión preventiva por tres meses para Juárez y arresto domiciliario, por el mismo plazo, para Frías.
La causa investiga el traslado de presos para realizar trabajos de albañilería en domicilios particulares, uno de ellos perteneciente al ex jefe de la URN, Gustavo Beltrán.
Durante la audiencia, el auxiliar fiscal Federico Lizarraga imputó a ambos por encubrimiento, y a Frías además por falsificación de instrumento público, en perjuicio de la administración y la fe pública.
Según la acusación, durante al menos tres meses detenidos condenados fueron alojados de manera irregular en la URN —dependencia que no está habilitada para ello— y realizaban tareas de construcción “a la vista de todo el personal”, llegando incluso a recibir visitas familiares. Entre las obras mencionadas figuran la construcción de tapias, estructuras metálicas y sanitarios.
Lizarraga describió un esquema organizado en tres pilares:
-Alojamiento clandestino de los penados en la URN.
-Traslados en un móvil policial hacia los domicilios particulares donde trabajaban.
-Falsificación de registros y silencio funcional del personal para encubrir la maniobra.
Respecto del rol de Frías, sostuvo que no fue un simple descuido administrativo: “Era el oficial de guardia encargado del libro y consignó un traslado falso hacia la comisaría de Chuscha para cubrir el uso del móvil y de los detenidos”.
Sobre Juárez, indicó que aparece señalado desde los primeros mensajes anónimos enviados al Ministerio de Seguridad, como uno de los jefes que utilizaba presos para trabajos personales y ordenaba que no se asentaran los movimientos en los libros.
En cuanto a las medidas de coerción, el juez interviniente dispuso prisión preventiva para Juárez y arresto domiciliario con tobillera electrónica para Frías, ambos por tres meses. “Son personas en quienes se deposita la obligación de controlar las dependencias públicas”, fundamentó el magistrado.
El auxiliar fiscal remarcó que los hechos “afectan la confianza de la sociedad en sus fuerzas de seguridad”, ya que implican el uso de personas privadas de libertad y recursos estatales —como móviles, combustible y personal— para fines particulares. Recordó también que la causa fue declarada de asunto complejo y ya cuenta con otra prisión preventiva firme contra el ex jefe Gustavo Javier Beltrán.
Antes de la resolución judicial, los acusados hablaron ante el tribunal y negaron los hechos. “Niego los cargos. Siempre me puse a disposición de la Justicia. Me sorprenden las declaraciones de algunos oficiales; la estoy pasando muy mal”, expresó Juárez.
Frías, por su parte, dijo: “Yo solo escribo lo que veo o lo que me indican. No verifico”.
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