La Justicia Federal investiga una red de “testaferros de armas” que provee a organizaciones narco
Jueves 18 de Diciembre de 2025, 07:17
TESTAFERROS DE ARMAS. El fenómeno, detectado ya en varios puntos del territorio argentino, fue objeto de una investigación realizada por el fiscal federal de Tucumán Agustín Chit,La Justicia Federal con asiento en Tucumán avanza en la investigación de una modalidad delictiva que se expande en distintas provincias del país y que ya tiene nombre propio: los llamados “testaferros de armas”.
El caso, impulsado por el fiscal federal Agustín Chit, surgió como desprendimiento de una causa de mayor alcance tramitada en Mendoza y permitió detectar maniobras destinadas a desviar armamento y municiones de origen legal hacia organizaciones criminales, incluso con conexiones internacionales.
La pesquisa se inscribe en un fenómeno que motivó la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (Ufiarm), a cargo de Gonzalo Da Silva.
El funcionario difundió recientemente un documento de alcance nacional para advertir a fiscales sobre este tipo de prácticas, que ya no se presentan como hechos aislados, sino como esquemas reiterados y coordinados en los que intervienen múltiples actores.
Según detalló Da Silva en el informe elaborado junto a la auxiliar fiscal Paulina Gómez, estas maniobras no se limitan a la figura del supuesto comprador que presta su nombre. También pueden involucrar a propietarios o empleados de armerías, gestores, mandatarios y organizaciones criminales que logran acceder a armas mediante canales formales, aprovechando vacíos y debilidades del sistema de control estatal.
En el caso detectado en Tucumán, el fiscal Chit logró identificar varios de estos eslabones, que habrían operado de manera articulada.
El documento advierte que el uso de testaferros genera un efecto de “lavado de legalidad”, al introducir un intermediario formalmente habilitado que dificulta la trazabilidad penal del arma y debilita los mecanismos de prevención. Uno de los mayores obstáculos probatorios, remarcó Da Silva, es acreditar que quien entrega el arma conocía que el destinatario final no estaba habilitado para poseerla, un elemento clave para configurar el delito.
En ese marco, también se detectaron casos en los que personas figuran como titulares registrales de armas que aseguran no haber adquirido nunca. Estas situaciones suelen derivar en denuncias posteriores por supuestos robos o hurtos, presentadas con el objetivo de justificar ante el Estado la ausencia del arma, que en realidad habría sido destinada desde un inicio al mercado ilegal.
La legislación vigente contempla penas de uno a seis años de prisión para quienes entreguen armas a personas que no acrediten su condición de legítimos usuarios, sin importar si la operación fue gratuita u onerosa. La norma alcanza a compraventas, alquileres, donaciones, préstamos o cualquier otra forma de cesión.
Además, estas maniobras pueden derivar en delitos conexos, como falsificación de documento público, asociación ilícita o contrabando, especialmente cuando el armamento es trasladado fuera del país, como ocurrió en investigaciones que revelaron el abastecimiento a grupos criminales en Chile.
La causa continúa en etapa investigativa y forma parte de un abordaje más amplio del Ministerio Público Fiscal para desarticular redes que, bajo una apariencia legal, facilitan el acceso a armas de fuego a organizaciones delictivas, con un impacto directo en la seguridad pública.
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