Viernes 19 de Diciembre de 2025, 04:55
Cinco hombres señalados como presuntos “narcoterroristas” murieron en las últimas horas durante dos ataques militares ejecutados por Estados Unidos contra embarcaciones que navegaban por el océano Pacífico, en el marco de la ofensiva antidrogas impulsada por Washington y que vuelve a quedar bajo fuerte cuestionamiento político y jurídico a nivel global.
La información fue confirmada por el Comando Sur del Ejército estadounidense, que aseguró que ambas naves estaban involucradas en actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico.
De acuerdo con el parte oficial difundido por el organismo militar a través de la red social X, las operaciones se realizaron sobre rutas marítimas consideradas estratégicas para el tráfico de estupefacientes. En el primer ataque murieron tres personas, mientras que las otras dos víctimas fatales se registraron en una segunda embarcación alcanzada por la ofensiva. Desde el Ejército indicaron que la inteligencia previa había determinado la participación de los tripulantes en maniobras ilegales.
Con este nuevo episodio, la cifra de fallecidos como consecuencia de bombardeos y operativos militares de Estados Unidos en el Pacífico y el Caribe supera el centenar. Un relevamiento elaborado por la agencia AFP, a partir de datos oficiales, contabiliza al menos 104 muertes desde que se intensificó esta campaña regional contra el narcotráfico. Sin embargo, hasta el momento la administración del presidente Donald Trump no presentó pruebas públicas que respalden la presunta vinculación de las embarcaciones atacadas con redes de drogas, lo que alimentó una creciente polémica internacional.
Las acciones militares fueron cuestionadas por organismos de derechos humanos, expertos en derecho internacional y por la propia Organización de las Naciones Unidas, que advirtieron sobre el uso de fuerza letal fuera de escenarios formales de conflicto armado. Las críticas también se hicieron sentir dentro de Estados Unidos, donde legisladores del Partido Demócrata y sectores del oficialismo republicano pusieron en duda que el presidente cuente con atribuciones constitucionales para ordenar este tipo de ataques sin autorización expresa del Congreso.