Insólito: el kirchnerista Javier Noguera pide en la Justicia que Contexto no lo nombre nunca más y culpa al medio y a comentaristas en redes por su mala imagen
Sábado 20 de Diciembre de 2025, 18:03
Noguera pretende amordazar a la prensa.El escrito fue presentado por su apoderado legal ante un juzgado civil de la capital tucumana. Allí no solo se insiste con el dictado urgente de una medida cautelar, sino que hasta plantea un embargo extemporáneo. La conclusión del planteo es clara: se busca censurar abiertamente y frenar futuras publicaciones, aun antes de que exista una sentencia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido terminante sobre este punto. En el fallo “Campillay, Julio César c/ La Razón” (1986), estableció que la libertad de prensa excluye cualquier forma de censura previa y que, aun ante eventuales afectaciones al honor, la responsabilidad solo puede ser ulterior. Años más tarde, en “Patitó c/ Diario La Nación” (2008), el máximo tribunal reafirmó que ningún juez puede impedir anticipadamente la difusión de información periodística, incluso cuando resulte incómoda para funcionarios públicos.
La singularidad del pedido no reside únicamente en su contenido, sino en su lógica. Noguera sostiene que Contexto sería el responsable de su “mala imagen pública”, cuando esa valoración surge del propio reconocimiento del demandante. En otras palabras, el exintendente de Tafí Viejo admite que su imagen está deteriorada, pero en lugar de explicar las razones políticas o de gestión que podrían haber llevado a esa percepción social, opta por culpar a un medio de comunicación por informar sobre denuncias, investigaciones y hechos de interés público.
El planteo va aún más lejos. En el escrito se desliza que la Justicia debería actuar para “evitar” nuevas notas mientras se resuelve la causa, bajo el argumento de que cada publicación constituye un nuevo daño. Se trata de un razonamiento que, llevado a sus últimas consecuencias, implicaría que cualquier funcionario podría silenciar a la prensa con solo iniciar una demanda, transformando a los tribunales en una instancia de control previo de contenidos.
La doctrina judicial es todavía más estricta cuando se trata de figuras públicas. En el caso “Kimel vs. Argentina”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos —cuyo criterio es obligatorio para los jueces argentinos— sostuvo que los funcionarios deben tolerar un mayor grado de crítica y que el debate sobre asuntos de interés público goza de la máxima protección. Ordenar o siquiera insinuar la prohibición de futuras publicaciones fue expresamente calificado como una forma inadmisible de censura.
Otro punto llamativo es el tono del pedido. Lejos de limitarse a argumentos jurídicos, el texto incorpora reproches políticos y valoraciones subjetivas sobre el rol del periodismo, al que se acusa de llevar adelante una “campaña” y de aprovechar los tiempos judiciales. Sin embargo, no se refuta la veracidad de los hechos publicados ni se desmiente la existencia de denuncias judiciales que fueron debidamente consignadas.
La paradoja es evidente: un dirigente que supuestamente fue periodista (en el diario El Periódico de Alberto Llaryora) se reivindica como parte de un espacio político que suele invocar la libertad de expresión y el derecho a la información, recurre ahora a la Justicia para intentar que un medio no lo nombre más. No pide derecho a réplica, no solicita rectificaciones puntuales ni señala errores concretos. Pide, lisa y llanamente, silencio.
En términos periodísticos y democráticos, el planteo marca un precedente preocupante. No por sus posibilidades reales de prosperar —la censura previa está expresamente prohibida por la Constitución— sino por lo que revela: la dificultad de algunos dirigentes para aceptar el escrutinio público y la crítica cuando dejan de ser favorables.
Contexto Tucumán informó, informa y seguirá informando sobre hechos de relevancia pública, con fuentes identificables y datos verificables. La imagen pública de un dirigente no la construyen los medios: la construyen sus actos, sus decisiones y su historia política. Pretender que un juez borre un nombre de la agenda informativa no es solo insólito: es una confesión política en sí misma.
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