De qué se acusan los empresarios de AETAT en medio de un conflicto sin precedentes en la entidad
Miércoles 24 de Diciembre de 2025, 07:27
AETAT. La entidad que agrupa a los concesionarios de servicios de ómnibus en Tucumán está convulsionada como nunca por la pelea frontal entre dos sectores, cada uno con graves acusaciones contra el otro.Una fuerte interna sacude por estas horas a la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), luego de las acusaciones públicas lanzadas por Sergio Gómez Sansone, propietario de las empresas El Rayo Bus y San Pedro de Colalao, quien denunció haber sido declarado “persona no grata” dentro de la entidad tras exigir explicaciones sobre el manejo y la distribución de los subsidios provinciales al transporte. Desde la conducción de la asociación, sin embargo, rechazaron de plano los señalamientos, defendieron el esquema vigente y aseguraron que la decisión fue adoptada de manera unánime en asamblea.
Gómez Sansone vinculó además este enfrentamiento con la pérdida de la concesión de la línea 131, que operaba una de sus firmas. Según su versión, tras un conflicto con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en noviembre de 2024, se activó un esquema de presión que culminó con un paro y el retiro del servicio. En ese contexto, denunció agresiones físicas, primero por parte de integrantes del gremio y luego dentro de la propia asociación empresaria, y habló de un “matiz mafioso” detrás de las decisiones que —según afirmó— buscaron disciplinarlo.
Entre sus principales reclamos, el empresario planteó que los subsidios deberían ser transferidos directamente por la Provincia a cada empresa, sin intermediación de Aetat. También denunció supuestas maniobras irregulares con cheques, que —según dijo— habrían sido emitidos a nombre de su empresa pero nunca entregados, apareciendo luego en cuevas financieras. “Son fondos que se malversaron”, afirmó, y describió un mecanismo en el que se le descontaban montos por gastos bancarios que, a su entender, terminaban siendo retenidos por la entidad.
Desde Aetat, la respuesta no tardó en llegar. El vicepresidente Jorge Berretta negó categóricamente cada una de las acusaciones y explicó que la declaración de “persona no grata” fue resuelta en asamblea por unanimidad, con el voto de unas 50 empresas, debido a lo que calificó como expresiones “agraviantes, injuriosas y falsas” contra la institución y sus directivos. También rechazó cualquier episodio de violencia física y aseguró que tales versiones no tienen sustento.
En cuanto al reparto de subsidios, Berretta defendió el sistema actual y remarcó que los montos no son confidenciales. Indicó que la información se publica en el Boletín Oficial y que la distribución se realiza conforme a una ley provincial que establece como criterio la cantidad de empleados declarados por cada empresa en el formulario F931 del ARCA. Además, afirmó que el proceso cuenta con auditorías y controles de la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Economía, el Tribunal de Cuentas y la Legislatura, tanto antes como después de los pagos.
Respecto de los fondos municipales, explicó que existe un acta firmada de manera unánime por las empresas, con una fórmula polinómica que contempla variables como el Boleto Educativo Municipal, la cantidad de pasajeros transportados y el personal declarado. Sobre la situación de El Rayo Bus, aclaró que la Dirección General de Transporte detectó infracciones y que la firma no era concesionaria formal, motivo por el cual la prestación provisoria fue asignada a otra empresa del sector.
Finalmente, Berretta desestimó las denuncias sobre cheques y supuestas irregularidades financieras, puso en duda la veracidad de los hechos relatados y afirmó que todos los movimientos de fondos de Aetat fueron aprobados por acta. “Si hubiera existido alguna sospecha real, debería haberse hecho una intimación formal, cosa que nunca ocurrió”, concluyó, en un conflicto que promete seguir escalando y que vuelve a poner bajo la lupa el sistema de subsidios al transporte en Tucumán.
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