Viernes 26 de Diciembre de 2025, 08:27
Una mujer de 35 años fue condenada en Tucumán a un año de prisión de ejecución condicional tras haber engañado a jubilados a los que prometía supuestos aumentos de haberes de la Anses, para luego utilizar sus datos personales y biométricos con el fin de crear cuentas bancarias, solicitar préstamos y apropiarse del dinero. La maniobra provocó un perjuicio económico que supera los $ 7 millones y afectó al menos a tres personas mayores de la ciudad de Alderetes.
La sentencia fue dictada en el marco de una investigación llevada adelante por la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de
Diego López Ávila. La imputada, identificada como
P.A.A. —una licenciada en Nutrición cuya identidad se mantiene bajo reserva por orden judicial— fue hallada responsable del delito de estafa informática reiterada, luego de admitir su culpabilidad en un acuerdo de juicio abreviado.
Según expuso la auxiliar de fiscal Carolina Brito durante la audiencia, la acusada desplegó un modus operandi reiterado. Se presentaba en los domicilios de las víctimas, aprovechando vínculos de vecindad o confianza, y les aseguraba que había sido seleccionados para recibir un incremento en su jubilación. Bajo ese engaño, les solicitaba fotografías del rostro y del DNI, con la excusa de realizar trámites ante la Anses, llegando incluso a insistir varias veces hasta obtener imágenes “de buena calidad”.
Con esos datos personales y biométricos, la mujer creó de manera encubierta cuentas digitales en el Banco Galicia o tomó el control de las ya existentes, modificando contraseñas y bloqueando el acceso de los verdaderos titulares. Luego solicitó préstamos a nombre de los jubilados y realizó extracciones y transferencias, derivando parte del dinero a sus propias cuentas. El monto total del perjuicio económico fue estimado en más de $ 7 millones.
Las maniobras comenzaron en octubre de 2024, aunque los damnificados recién descubrieron el fraude en 2025. Las primeras víctimas fueron Antonia y Pedro, un matrimonio de 64 y 67 años, allegados a la imputada. A nombre de Antonia se solicitó un préstamo de $ 1.165.000, mientras que a Pedro se le adjudicó otro por $ 2.394.300. La pareja tomó conocimiento de las deudas cuando intentaron realizar trámites bancarios y se les informó que registraban préstamos impagos, acumulando entre ambos una deuda superior a los $ 3,5 millones.
El segundo hecho ocurrió en noviembre de 2024 y tuvo como víctima a Conrado, un jubilado de 70 años y amigo del padre de la acusada. Tras acceder a su cuenta bancaria y validar su identidad, la mujer solicitó un préstamo por $ 3.796.200, efectuó varias extracciones en efectivo y concretó transferencias por más de $ 1,3 millones. El hombre advirtió la maniobra cuando su hija no pudo ingresar al home banking y, tras comprobar lo sucedido, radicó la denuncia en la comisaría de Alderetes.
La investigación incluyó pericias electrónicas sobre cuentas bancarias, análisis de conversaciones entre la imputada y las víctimas, informes de las entidades financieras y reportes crediticios, elementos que permitieron acreditar la responsabilidad penal de P.A.A. Con ese respaldo probatorio, el Ministerio Público Fiscal acordó con la acusada y su defensora oficial, Josefina Talamazzi, una pena de un año de prisión condicional y el cumplimiento de reglas de conducta por el mismo período.
Durante la audiencia, los jubilados damnificados manifestaron su disconformidad con la condena, al considerar que la pena era leve frente al daño sufrido y la falta de reparación económica. “Somos personas grandes y nos hizo pasar momentos muy difíciles”, expresó Pedro, quien relató las consecuencias que la estafa tuvo en la salud y la economía familiar.
Finalmente, el juez Guillermo Taylor homologó el acuerdo de juicio abreviado, explicó que la pena se ajusta a lo previsto por el Código Penal y recordó a las víctimas que pueden iniciar acciones en el fuero civil para reclamar una compensación económica por los daños ocasionados. Con la sentencia, quedó acreditado uno de los casos recientes más graves de estafa digital a jubilados en la provincia.