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Denuncian estafa millonaria y maniobras de insolvencia de un ganadero santiagueño y su hija a una firma de agroquímicos
Viernes 26 de Diciembre de 2025, 06:58
Una grave denuncia penal presentada en los tribunales de Añatuya, Santiago del Estero, puso bajo la lupa a un reconocido productor ganadero del sudeste santiagueño y a una de sus hijas, acusados de haber ejecutado un plan coordinado para defraudar a una empresa de agroquímicos por una suma que ronda los $ 230 millones. La acusación sostiene que existió una estrategia deliberada de libramiento de cheques sin fondos seguida de un vaciamiento patrimonial destinado a eludir el pago de las deudas.
En primer término, la denuncia apunta contra Hugo Daniel Quiñónez, domiciliado en la localidad de Los Juríes, a quien se le atribuye haber librado 13 cheques de pago diferido por un total de $ 172.570.341, con vencimientos previstos entre el 30 de junio y el 31 de agosto de 2025. Según consta en el escrito, todos los instrumentos fueron rechazados por el Banco de la Nación Argentina por falta de fondos y, pese a las intimaciones, el imputado no habría regularizado los importes dentro del plazo legal de 24 horas.
Estos hechos, remarcó González, ya forman parte de una demanda civil en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial de Añatuya.
La acusación sostiene que, inmediatamente después de los rechazos bancarios, Quiñónez habría avanzado en una maniobra de desmembramiento patrimonial, transfiriendo la nuda propiedad de sus campos a herederos o terceros vinculados, mientras conservaba para sí el usufructo gratuito y vitalicio. Para la parte denunciante, esta operación tuvo como único objetivo tornar inejecutable su patrimonio frente a eventuales embargos, ya que el usufructo resulta de difícil realización en un proceso judicial.
En el mismo expediente se involucra a una de las hijas del ganadero, Brianda Quiñónez, también residente en Los Juríes, por una operatoria similar valuada en $60.693.844. De acuerdo con la denuncia, la mujer mantenía una relación comercial con la firma agroquímica y libró ocho cheques de pago diferido que también fueron rechazados por falta de fondos. Ante los reclamos extrajudiciales y la inminencia de acciones legales, habría iniciado —según el abogado— una maniobra de insolvencia provocada.
En ese contexto, se detalla que el 11 de julio de 2025 la acusada otorgó un poder especial a favor de su madre y, semanas después, el 28 de agosto, mediante escritura pública, transfirió su 25% indiviso sobre seis inmuebles rurales a favor de sus hermanos. En la operación se declaró un pago de $ 122 millones en efectivo, circunstancia que para la querella constituye un indicio de simulación, al tratarse —según se sostiene— de una típica maniobra intrafamiliar para evitar el rastreo bancario de fondos.
Para González, tanto el padre como la hija actuaron de manera sincronizada y con pleno conocimiento de la situación económica, con el propósito de sustraer bienes de sus respectivos patrimonios y frustrar el cobro de las acreencias. En ese sentido, remarcó que no existirían otros activos registrables a nombre de los denunciados que permitan cubrir las sumas adeudadas y que las transferencias se realizaron cuando los reclamos por los cheques rechazados ya estaban en marcha.
Las denuncias quedaron radicadas en la Justicia penal de Añatuya, donde se investigan los presuntos delitos de estafa por libramiento de cheques sin provisión de fondos e insolvencia fraudulenta, sin descartar la eventual participación de otros coautores, cómplices o encubridores. El avance de la causa determinará ahora si las maniobras denunciadas configuran un fraude penalmente relevante o si se trató de operaciones patrimoniales legítimas.