Se cumplen 26 años de la tragedia de Camboriú que golpeó en pleno verano a Tucumán: 41 muertos

Viernes 02 de Enero de 2026, 17:43





Al cumplirse 26 años del accidente ocurrido el 12 de enero de 2000, el hecho se mantiene como el siniestro vial más grave en la historia de la provincia de Tucumán y uno de los más significativos en el sur de Brasil involucrando a turistas argentinos. El evento tuvo lugar en el kilómetro 184 de la ruta nacional BR-470, en jurisdicción del municipio de Pouso Redondo, estado de Santa Catarina. El saldo oficial cerró con 41 personas fallecidas y más de 40 heridos de distinta consideración tras la colisión entre un ómnibus de la empresa tucumana Giménez Viajes y un transporte de la firma brasileña Viação Reunidas.

La mecánica del accidente fue reconstruida posteriormente por los peritos de la Policía Rodoviaria Federal de Brasil. El interno 18 de Giménez Viajes, un ómnibus de doble piso marca Scania, circulaba en sentido oeste-este con destino al balneario de Camboriú. Aproximadamente a las 5:30 de la madrugada, bajo condiciones meteorológicas adversas caracterizadas por una densa neblina y llovizna persistente sobre la calzada asfáltica, el conductor perdió el dominio de la unidad. El vehículo derrapó en una curva descendente pronunciada, salió de su carril y volcó sobre su lateral derecho. En esa posición, invadió la mano contraria y fue impactado en el techo y la estructura superior por el ómnibus de la empresa brasileña que cubría el trayecto Florianópolis-Lages. El impacto provocó el aplastamiento inmediato de la planta superior del micro argentino, donde viajaba la mayoría de las víctimas fatales.

Las investigaciones preliminares y el análisis de los tacógrafos indicaron que el factor velocidad fue determinante en el siniestro, sumado a la calzada resbaladiza. Pericias posteriores incorporadas a la causa judicial señalaron también cuestiones técnicas relativas a la estructura del vehículo de la empresa tucumana. Se investigó si la unidad había sufrido modificaciones en su carrocería para ampliar la capacidad de pasajeros, lo que habría alterado su centro de gravedad, comprometiendo su estabilidad en maniobras críticas. El transporte llevaba un contingente conformado mayoritariamente por grupos familiares y docentes de San Miguel de Tucumán y localidades del interior provincial.


La respuesta operativa implicó una coordinación bilateral entre los gobiernos de Argentina y Brasil. Las tareas de rescate en el lugar del hecho se extendieron durante toda la mañana debido a la complejidad para liberar a las personas atrapadas entre los hierros. Los heridos fueron derivados a los hospitales de Rio do Sul y Pouso Redondo. Para el traslado de los fallecidos y sobrevivientes a la Argentina, el Estado Nacional dispuso el envío de aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y las aeronaves presidenciales Tango 01 y 02. El operativo de repatriación culminó con el arribo de los cuerpos a la base militar del Aeropuerto Benjamín Matienzo, donde se montó una morgue judicial provisoria para la identificación final y entrega a los deudos, proceso supervisado por el entonces gobernador Julio Miranda.

En el plano judicial, la causa se tramitó en los tribunales de Rio do Sul, Brasil. La justicia de ese país imputó al chofer del ómnibus argentino, Víctor Hugo Jaime, bajo el cargo de homicidio culposo múltiple. El proceso legal determinó la responsabilidad del conductor al considerar que actuó con impericia e imprudencia al no adaptar la conducción a las condiciones de la ruta. Jaime fue condenado a una pena de siete años y dos meses de prisión en régimen semiabierto. Sin embargo, la ejecución de la pena enfrentó obstáculos jurisdiccionales complejos debido a que el conductor regresó a la Argentina y, durante años, se libraron batallas legales en torno a los pedidos de extradición y la prescripción de la causa.

Paralelamente, se iniciaron múltiples demandas civiles por daños y perjuicios contra la empresa Giménez Viajes y las compañías aseguradoras. Este frente judicial expuso la precariedad en los controles de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) de aquella época respecto a las habilitaciones de servicios de turismo internacional. Los familiares de las víctimas denunciaron durante años la insolvencia de la empresa transportista para afrontar las indemnizaciones fijadas por la justicia, lo que derivó en litigios extendidos que, en muchos casos, no lograron una reparación económica efectiva. A 26 años del hecho, el accidente de Camboriú permanece como caso testigo en la jurisprudencia sobre siniestralidad vial transnacional y responsabilidad civil en el transporte de pasajeros.