Un falso contador fue procesado por una millonaria estafa a la Fundación Proyungas
Sábado 03 de Enero de 2026, 05:37
EN PROCESO. La causa a cargo del área de Usurpaciones Estafas y Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal, avanzó con el procesamiento del denunciado y la imposición de una caución de $ 6 millones.Una investigación del Ministerio Público Fiscal de Tucumán permitió desbaratar una compleja maniobra de fraude interno que habría provocado un perjuicio económico superior a los 13 millones de pesos a la Fundación ProYungas. La Justicia procesó a un hombre acusado de haberse presentado falsamente como Contador Público Nacional para acceder a un puesto clave en la administración de un proyecto ambiental y desviar fondos mediante el uso de facturas apócrifas y documentación adulterada.
En mayo de 2023 fue contratado por el plazo de un año y quedó a cargo del control de los procedimientos administrativos y de la gestión de pagos vinculados al proyecto, que manejaba fondos estimados en unos 300.000 dólares destinados a honorarios profesionales, proveedores y consultores. Su contrato finalizó en mayo de 2024, pero recién dos meses después comenzaron a detectarse irregularidades en la documentación respaldatoria de los pagos efectuados.
La auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás explicó que las anomalías salieron a la luz cuando la coordinadora encargada de autorizar las transferencias advirtió movimientos que no recordaba haber aprobado. Al intentar validar las facturas ante el sistema de ARCA (ex AFIP), comprobó que los comprobantes no existían. La situación fue comunicada al resto del equipo directivo de la Fundación, que inició una revisión exhaustiva de la documentación.
El análisis de los códigos QR de las facturas reveló que estos redirigían a comprobantes auténticos de terceros, cuyos datos habían sido modificados en nombres, servicios, claves fiscales e importes. Se trataba de facturas reales “clonadas” y adulteradas, utilizadas para simular gastos inexistentes. En paralelo, una auditoría interna realizada por quienes reemplazaron a D.A.S. detectó una diferencia de alrededor de 15.000 dólares entre los registros contables y los informes de ejecución presupuestaria.
La investigación permitió identificar al menos 13 facturas apócrifas con un mismo patrón de falsificación. Algunas correspondían a proveedores que nunca prestaron servicios al proyecto, mientras que otras habrían sido emitidas originalmente por el propio imputado y luego alteradas. Ante la magnitud del fraude, el director ejecutivo de ProYungas, Sebastián Malicia, y el apoderado legal de la entidad, Martín Lucio Terán, formalizaron la denuncia penal.
Las pruebas recolectadas incluyeron informes del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, que confirmó que D.A.S. no se encuentra matriculado, y de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT, que indicó que el acusado figura como alumno activo no regular, con última reinscripción en 2022. A su vez, el Banco Francés aportó registros de transferencias realizadas desde cuentas de la Fundación hacia el imputado y terceros sin vínculo con la institución.
En diciembre, el MPF formalizó la investigación y le imputó los delitos de usurpación de títulos y honores, uso de documento falsificado o adulterado y estafa. Según la hipótesis fiscal, entre agosto de 2023 y abril de 2024, D.A.S. habría aprovechado la posición de confianza que ocupaba para manipular documentación y desviar fondos mediante facturación falsa, causando un daño económico estimado en $13.182.401,18.
Durante la audiencia, la fiscalía solicitó la imposición de medidas de coerción de menor intensidad, con una caución real de seis millones de pesos para garantizar el avance del proceso. La defensa, a cargo del abogado Javier Lobo Aragón, adelantó que cuestionará la acusación y anunció la presentación de pruebas que respalden su postura.
El imputado, por su parte, negó los cargos y sostuvo que su rol era meramente administrativo. Afirmó que no tenía acceso a las cuentas bancarias ni facultades para autorizar pagos, y responsabilizó a los denunciantes por las transferencias cuestionadas. Tras evaluar los elementos expuestos por las partes, el juez Fernando Zóttoli resolvió hacer lugar al pedido fiscal y dispuso la caución real por seis meses, mientras la investigación continúa su curso.
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