El gobierno dio un paso clave en la millonaria demanda contra la concesionaria del dique El Cadillal
Sábado 03 de Enero de 2026, 05:48
CERTIFICADOS DE PAGO. La Fiscalía de Estado de Tucumán demostró una inversión superior a los $ 15.300 millones para la reparación del dique.La demanda que impulsa el Superior Gobierno de Tucumán contra Hidroeléctrica Tucumán SA (HTSA) por las millonarias reparaciones realizadas en el dique El Cadillal avanzó de manera significativa durante diciembre y se encamina hacia una definición clave en los tribunales federales. El expediente, que tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra en plena etapa probatoria y reúne uno de los reclamos económicos más importantes que la Provincia mantiene actualmente contra un concesionario privado.
Si bien la última ampliación formal de la demanda había fijado el reclamo en $ 11.687 millones, la documentación remitida por la Tesorería General revela que la inversión efectivamente ejecutada supera los $ 15.300 millones en los últimos tres años. La mayor parte de ese monto corresponde a la UTE Merco Vial SA–Sabavisa SA, adjudicataria de la obra principal, que percibió $ 14.927 millones entre 2023 y 2025. A ese gasto se suman otros $ 391 millones abonados a Vardé y Asociados SA, contratada por la Dirección Provincial del Agua para tareas de inspección y asesoramiento técnico.
El origen del conflicto se remonta a marzo de 2024, cuando la Provincia inició la acción judicial con un reclamo inicial de $936 millones, cifra que fue actualizándose a medida que avanzaban los trabajos y se certificaban nuevos pagos. Desde el Gobierno provincial aclararon que el monto definitivo a recuperar quedó supeditado al avance de la obra y a la validación de los certificados, motivo por el cual la prueba producida en esta etapa resulta central para las expectativas oficiales.
Concluida la presentación de informes, se abre ahora un período de impugnaciones y cuestionamientos cruzados entre las partes. Una vez superada esa instancia, el magistrado quedará en condiciones de resolver si corresponde que HTSA reintegre al Estado tucumano los fondos destinados a una obra que, según la Provincia, debió haber sido afrontada por la concesionaria.
La empresa, por su parte, mantiene una postura diametralmente opuesta. Desde sus primeras presentaciones negó tener responsabilidad en los costos de las reparaciones y cuestionó tanto la necesidad como la urgencia de los trabajos ejecutados. A través de su equipo legal, encabezado por el abogado Fabián Estanislao López Moras, HTSA aportó testimonios de ingenieros civiles y consultores independientes que descartaron la existencia de negligencia o falta de mantenimiento por parte de la concesión.
Esa posición fue rebatida por la Fiscalía de Estado, que sostiene que la Provincia debió intervenir ante el incumplimiento de la concesionaria en las tareas de conservación, auscultación y control de la presa lateral N° 3, pese a que la explotación del dique se mantiene desde 1996. En diciembre, el apoderado legal de la Provincia en Buenos Aires, Marcelo Iván Pautassi, objetó formalmente las declaraciones ofrecidas por HTSA y afirmó que no logran desvirtuar su responsabilidad.
Como respaldo técnico, el Estado provincial incorporó además un informe del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep), elaborado en noviembre de 2024, en el que el ente nacional presta conformidad a las obras ejecutadas en El Cadillal. Con ese respaldo y la magnitud de los montos en discusión, el expediente se perfila como una de las causas judiciales de mayor impacto económico para Tucumán en el ámbito federal.
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