El gobierno nacional transfirió el control de YMAD a Catamarca y puso fin a la intervención federal
Martes 06 de Enero de 2026, 06:51
YMAD. El gobierno nacional puso fin a la intervención argumentando razones de presupuesto, dejando 60 por ciento en manos de Catamarca y el resto bajo el control de la Universidad Nacional de Tucumán.El Gobierno nacional formalizó una decisión de alto impacto político y económico: la salida del Estado de la conducción y administración de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado en el Boletín Oficial, la gestión encabezada por Javier Milei transfirió la gestión operativa del ente a la provincia de Catamarca, cerrando una etapa de participación directa de la Nación en el yacimiento.
El DNU, firmado por el Presidente y todo su gabinete, introduce cambios de fondo en la Ley 14.771 —norma que creó la empresa en 1958— y redefine su estructura societaria. Desde ahora, Catamarca pasa a concentrar el 60% de la participación, mientras que la Universidad Nacional de Tucumán conserva el 40%, quedando excluido el Estado nacional de la composición accionaria.
En términos administrativos, la reforma implica que la presidencia y el directorio de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio dejarán de ser designados por el Poder Ejecutivo Nacional. La provincia asumirá la representación mayoritaria en las decisiones estratégicas, lo que otorga a la gestión de Jalil una autonomía inédita sobre la explotación de los recursos y la planificación de nuevas inversiones.
Aunque hoy la extracción de oro es limitada, fuentes del sector subrayan que el valor de YMAD excede la producción actual. La relevancia radica en la titularidad de las tierras y en el potencial geológico del área, considerados claves por Catamarca para impulsar futuros proyectos de exploración y explotación a mayor escala.
El nuevo esquema también cierra un prolongado frente judicial. El 15 de diciembre pasado, la UNT y el gobierno catamarqueño firmaron acuerdos conciliatorios que pusieron fin a litigios iniciados en 2018, vinculados con la distribución de fondos y con obras pendientes de la Ciudad Universitaria. Aquellas disputas tenían su origen en una controvertida resolución adoptada en 2008 que había alterado el reparto de dividendos y afectado el financiamiento universitario.
Con el acuerdo vigente, ambas partes desistieron de las acciones judiciales y validaron un acta interpretativa que fija un crédito equivalente a 135.000 metros cuadrados de construcción para dar por saldada la obligación histórica de YMAD con la Universidad. Así, el traspaso no sólo redefine el control del yacimiento, sino que busca normalizar relaciones institucionales y ordenar un conflicto que se extendió durante más de una década.
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