Escribe Julio Blanck: "Los jueces son los primeros arrepentidos"

Viernes 24 de Junio de 2016, 08:07

Por Julio Blanck
Clarín

Los bolsos de José López siguen volando por encima del muro del convento de monjas de clausura en General Rodríguez. Pasaron diez días desde esa madrugada de asombro y escándalo, y los 9 millones de dólares del hombre que siempre tuvo línea directa con Néstor y Cristina Kirchner continúan actuando como un revulsivo poderoso en la política, la Justicia y la opinión pública.

Hace una semana se dijo que la caída de López había sido un despertador para jueces que dormían. Hoy, con la política corriendo a votar la ley del arrepentido para casos de corrupción, el mismo proyecto de Mauricio Macri que antes había encontrado resistencia y desgano, se puede asegurar que los primeros arrepentidos son los jueces.

Abundan procesamientos en causas que tenían un largo período de maceración y se aceleran investigaciones contra funcionarios kirchneristas antes paralizadas. Hay un cambio de época, aunque el Gobierno no haga gestos demasiado enfáticos para conminar a los jueces a cumplir su tarea sin demoras.

La amenaza mayor para los que pretendan seguir mirando para otro lado es el estado de opinión que la caída de López ayudó a galvanizar. Mientras dure esa mezcla de indignación y estupor, la Justicia no tendrá otro camino que trabajar seriamente. ¿Y después?

La cuestión es que desde la caída de López es notorio, y en algunos casos obsceno, el apuro de ciertos jueces y fiscales por tratar de hacer en diez días lo que no hicieron en seis, siete, ocho años de inacción e impunidad garantizada. No es justo poner a todos en la misma bolsa, pero es inevitable que todos queden de algún modo mezclados bajo la luz pública. Así los casos se acumulan, en un listado siempre provisorio.

El juez Ariel Lijo procesó el pasado jueves a cinco personas por lavado de dinero, ejecutado mediante el aporte de fondos de origen ilegal a la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007. La lista de procesados es encabezada por el ex funcionario Héctor Capaccioli. Todos están involucrados en la causa llamada “mafia de los medicamentos”.

La jueza María Servini procesó también el jueves por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el caso del desvío de fondos de Fútbol para Todos, a Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y el hoy senador Juan Manuel Abal Medina. Los tres fueron jefes de Gabinete de Cristina Kirchner. También fue procesado el todavía titular de la AFA, Luis Segura, y otros seis dirigentes de esa entidad.

Además, el fiscal Jorge Di Lello –que actúa en el caso de los aportes ilegales a la campaña de Cristina en 2007– anunció que en un mes irá a juicio oral el caso Ciccone, la imprenta de hacer billetes que se quiso manotear el ex vicepresidente Amado Boudou. Di Lello admitió que los casos de corrupción kirchnerista son “un camino lleno de escombros”. Y dijo que el cambio de gobierno “facilita el acceso a la información”.

El juez Sebastián Ramos, el miércoles, procesó al ex superministro y hoy diputado Julio De Vido y al ya preso Ricardo Jaime, por irregularidades en la concesión del servicio ferroviario. Los acusó de negociaciones incompatibles con la función pública, por las ventajas que les dieron a las concesionarias de trenes al extender sus contratos sin renegociación.

El miércoles, también, el juez riojano Luis Herrera Piedrabuena citó a declaración indagatoria al teniente general César Milani, que fue señor de la inteligencia y jefe del Ejército por obra y gracia de Cristina. El militar favorito de un gobierno que se pretendió campeón de los derechos humanos está acusado por tres casos de secuestro y torturas durante la dictadura.

El domingo había sido detenido en Foz do Iguazú el prófugo Ibar Pérez Corradi, considerado autor ideológico del Triple Crimen de 2008 vinculado al negocio de la efedrina y el narcotráfico. Pronto se confirmó que Pérez Corradi disfrutó de cuatro años de protección kirchnerista para moverse a sus anchas fuera del alcance de la Justicia. Según el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco, Pérez Corradi es el nexo entre la mafia del narco y el gobierno kirchnerista. La ministra Patricia Bullrich dijo que Aníbal Fernández haría bien en preocuparse por este asunto.

El mismo día que cayó López, el juez Daniel Rafecas que llevaba desde 2008 su caso por enriquecimiento ilícito lo citó a indagatoria. También, aceptando un pedido del fiscal Federico Delgado, ordenó analizar los fajos de dólares que López había tratado de esconder en el monasterio y autorizó un rastreo de llamadas en los teléfonos celulares del ex funcionario y su familia.

Ante las críticas por la inacción en el caso López, el juez Rafecas sostuvo que en estos años “rechazamos planteos para cerrar la causa”. Por su parte, el fiscal Delgado sostuvo que aunque no logró resultados en la investigación, “al menos se evitó el sobreseimiento” que hubiese dejado impune al valijero. Son explicaciones para lo que no se entiende, o se entiende muy fácil.

Además, un día después de la caída de López el juez Marcelo Martínez de Giorgi citó a indagatoria a De Vido, Capitanich, Hebe de Bonafini, los hermanos Schoklender y una treintena de ex gobernadores, intendentes y funcionarios, por la sonora estafa en el programa de viviendas Sueños Compartidos.

Una pieza clave de este momento es el juez Sebastián Casanello, que pronto sumó un pedido de extradición contra Pérez Corradi por la causa de la “mafia de los medicamentos”, donde el ahora detenido en Paraguay está acusado de lavado de dinero. Casanello no gana para sustos: dos veces el detenido Lázaro Báez, testaferro y socio de la familia Kirchner, aseguró por vía indirecta que lo había visto en la residencia de Olivos cuando él mismo fue a reunirse allí con Cristina. Casanello es el juez que debería investigar a Báez y sus vínculos con los Kirchner. La Cámara Federal tiene citado para hoy nuevamente a Báez. Espera que ratifique de modo indudable su denuncia sobre contactos entre la entonces Presidenta y el juez. Si lo hace, temblores profundos sacudirán el escenario.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, sostuvo que “hay jueces que deberían dar un paso al costado”. Puede entenderse como el inicio de un movimiento político para depurar los tribunales. Habrá que ver si pasan del dicho al hecho. Por ahora, el Gobierno considera que se está ante “la aceleración de un proceso en el que los jueces tratan de salvarse a sí mismos”, según dichos de un miembro importante del gabinete de Macri.

“Están muy inquietos y hacen control de daños”, dicen al referirse a los jueces ahora hiperactivos bajo la intensa presión social y de la prensa. Algunos magistrados ya le estarían anticipando al ministro su intención de renunciar en corto plazo. En el Consejo de la Magistratura también existiría la sensación de un pronto inicio de tareas de revisión y eventual enjuiciamiento de jueces que formaron parte del entramado de protección del kirchnerismo.

El problema del Gobierno es que si se duerme, inevitablemente va a aparecer Elisa Carrió para despertarlo desde adentro.

Hace dos semanas, días antes de la madrugada inolvidable de López y sus millones, Carrió se había reunido con Macri en la quinta de Olivos. Allí pataleó por la parsimonia que notaba en el Gobierno para empujar la cruzada anticorrupción en los tribunales. El Presidente, que sabe cómo llevarla, tomó nota. Habrá sido por esa conversación, o por razones más variadas, quizás aleatorias, que después –dice ahora Carrió– “empezaron a pasar cosas”.

La diputada, que fue quien denunció a Kirchner y a De Vido desde el día que llegaron al poder en mayo de 2003, sostiene que es imprescindible un cambio en la Justicia. “El sistema de corrupción sólo funciona si tiene garantía judicial de impunidad”, dijo el jueves, después de cruzarse muy duro con De Vido en el Congreso.

“Cuando denunciábamos durante el kirchnerismo –cuenta Carrió– los jueces te decían que lo mejor que podían ofrecernos era no cerrar las causas”. Insiste en que demasiados magistrados “son responsables de encubrimiento agravado”, y advierte que “ahora actúan porque no tienen más remedio, pero en cuento puedan van a bajar el ritmo”. Apunta entonces que hay jueces y camaristas que tienen relaciones personales, familiares o comerciales “con los delincuentes y sus socios”.

Carrió salva a muy pocos de su diatriba. Asegura que Servini y el juez Julián Ercolini “no cobran”. Y pone las dos manos en el fuego por los camaristas federales Martín Irurzun y Horacio Cattani, que desde los años menemistas han sido una fortaleza contra la corrupción.

El ministro Garavano se vacuna contra la ilusión de un cambio instantáneo en las conductas judiciales. Su teoría es que “hasta que los casos lleguen a juicio oral, donde se deciden las condenas, aquí no ha pasado nada”.

Funcionarios con acceso a la Casa Rosada consultados sobre la postura del Presidente frente a esta efusión reciente de la Justicia, responden que “Macri es muy práctico, quiere ver para creer”.

No es el único.


Fuente: http://www.clarin.com/opinion/jueces-primeros-arrepentidos_0_1601239878.html

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