La justicia federal investiga si policías encapuchados hicieron detenciones ilegales en Tucumán en la cuarentena

Sábado, 27 de Junio de 2020 18:19





La Cámara Federal de Tucumán ordenó investigar denuncias de detenciones ilegales hechas por la Policía de la Provincia de Tucumán invocando la violación del decreto presidencial que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

Ante un pedido del fiscal Gustavo Gómez, el juez de feria de la Cámara Federal de Tucumán, Fernando Poviña, ordenó sortear la causa y que un juez de instrucción investigue la denuncia de María Dolores del Valle Vera Amante Pérez de su detención ilegal en abril pasado por la cual había presentado un hábeas corpus.

Fuentes judiciales estiman que habría decenas de casos como este de detenciones o demoras hechas en forma ilegal en Tucumán. Hace un par de semanas, la justicia detuvo a nueve policías de esa provincia por el crimen de Luis Espinoza.

El juez Poviña recordó que María Dolores del Valle denunció que el día 9 de abril en la intersección de la avenida Belgrano y Saavedra, fue interceptada en un control de tránsito realizado por el Grupo de Operaciones Motorizadas (GOMT) de la Policía de la provincia de Tucumán.

El fiscal Gómez había advertido que la emergencia sanitaria no debe dar lugar a “pretextos para alejarse del sistema democrático republicano”.

“No podemos olvidar nuestra historia reciente que por razones distintas se desató un genocidio ante la mirada impasible de un Sistema de Justicia Federal que se limitaba a rechazar o declarar la incompetencia de decenas de habeas corpus ante casos que guardan similitud”.

Para el fiscal Gómez hay un modus operandi común de sectores de la policial local a través de “policías en procedimientos nocturnos, encapuchados, sin identificación, negándosele a dar la asistencia de un defensor público federal, la falta de intervención de un juez federal, los apremios ilegales y el abandono en una zona peligrosa de la ciudad trasladada con una Trafic policial y un largo etcétera”.

El 9 de abril policías tucumanos consideraron que María Dolores del Valle habría cometido delito federal, al desobedecer el aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional y la detuvieron. Luego contó que: “me encontraba en la calle en ese momento, porque tenía una urgencia ya que mi hijo estaba detenido en el complejo Belgrano por salir a llevar mercadería a una familia con necesidades básicas, que padecía hambre”. Luego aseguró que de “malos modos subió a mi auto una oficial de este grupo la cual se negó a identificarse, igual que el resto de la policía”.

“Me condujeron en modos que dejaron mucho que desear, ya que la oficial que iba sentada en el asiento de atrás en el auto, mientras yo manejaba, me gritaba constantemente y las motos que me iban custodiando, embestían contra el vehículo como que me chocarían, así llegue hasta el palacio de deportes del Parque 9 de julio donde siguieron los hostigamientos y los malos tratos verbales”, agregó.

Aseguró que solicitó “la presencia de un Defensor Público Federal o de un Juez Federal pero que dicha petición le fue negada”. “El agente policial a cargo del procedimiento se negó a identificarse y que todo el personal de igual fuerza se encontraba con los rostros cubiertos por pasamontañas y antiparras, sin nombres a la vista, razón por la cual se vio imposibilitada de identificar”, puntualizó.

Aseguró que “después de ser violentada verbal y psicológicamente, me hicieron un acta en el lugar, la cual me hicieron firmar y poner mi DNI, nunca me dieron copia y me querían obligar a que salga caminando del Parque 9 de Julio, ya que habían secuestrado mi vehículo”. “Cuando me negué a retirarme del lugar, me subieron a la TRAFIC o IVECO con el número de móvil policial 0187, y me dejaron abandonada en la Ejercito del Norte entre Italia y Belgrano –plena Villa 9 de Julio-,a las 21 hs en total soledad del lugar”, añadió en su denuncia.

“Sin motivos aparentes, no solo no fui escuchada, sino también fui maltratada verbalmente, sin darme mas la oportunidad de explicar, porque, después de 22 días de cumplir la cuarentena obligatoria, me quitaron la documentación mía y del vehículo”, agregó finalmente la denunciante.