Imputan a autoridades de la UBA por armar un conglomerado de "negocios espurios" para enriquecerse ilícitamente
Miércoles 23 de Septiembre de 2015, 11:29
El funcionario judicial, a cargo de la de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, encontró que las autoridades universitarias desviaron millonarias contrataciones entre el Hospital de Clínicas, dependiente de la UBA, y diversas proveedoras de insumos y medicamentos con las cuales estaban directamente vinculados. En otras palabras, utilizaron sus cargos públicos para beneficiar a empresas privadas de las que participaban en sus ganancias.
Los miembros de la cúpula universitaria quedaron con acusaciones que están lejos de lo deseable en una institución que busca ser un faro social. El fiscal Picardi imputó a los tres sospechosos por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y hasta administración infiel, esto último en caso de que se compruebe que hubo sobreprecios en las contrataciones.
Además, la instrucción se extiende a otras 40 personas que integraban la red de sociedades privadas contratadas, con quienes los principales apuntados en algunos casos mantienen relaciones de parentesco.
El devenir del caso
El 24 de junio pasado, el periodista Alejandro Bercovich, a través de la señal C5N, dio cuenta del modus operandi presuntamente ilícito de la plana mayor de la UBA. Allí, se puso de manifiesto que los artífices de las maniobras no sólo se habrían enriquecido con ellas, sino que parte de ese dinero se habría destinado a financiar la campaña electoral del ex candidato a jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau.
La sospecha sobre la utilización política de los fondos públicos surge de que los tres imputados son dirigentes del radicalismo y, como tales, realizaron aportes para respaldar la candidatura del postulante de ECO (Energía Ciudadana Organizada). El más importante de ellos, Emiliano Yacobitti, demostró su apoyo público en reiteradas oportunidades con el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner.
El propio Lousteau reconoció sus lazos políticos y amistad con el líder de la UCR porteña, y atribuyó las acusaciones a una "campaña sucia" para perjudicar sus chances electorales. Entonces, Bercovich denunció que allegados de Yacobitti lo amenazaron por haber presentado el informe.
A partir de la denuncia periodística, la Procelac dio inicio a una investigación preliminar, en la que halló indicios sobre las irregularidades administrativas en la provisión de insumos y medicamentos aprobadas por Giusti, Yacobitti y Sergio Ricardo.
La instrucción presume que las maniobras contaron con la complicidad de Marcos Coy, Omar Quiroga y Leopoldo Bordoli, todos funcionarios que estuvieron al frente de la Dirección de Administración del Hospital de Clínicas y que habrían sido "designados estratégicamente en ese cargo para favorecer sus intereses privados y de su círculo de confianza", señaló la Procelac.
A mediados de abril, Giusti ya había renunciado a su cargo como decano de la Facultad de Ciencias Económicas, en medio de una denuncia por violencia de género presentada por su esposa y por las sospechas de corrupción que hoy investiga la Procelac.
Los detalles de la causa
La investigación de Picardi comprobó que hubo numerosas contrataciones que beneficiaron a un conjunto determinado de empresas. Entre ellas figura Medipack S.A., que obtuvo 69 contratos por un total de $11,229 millones entre el 9 de abril de 2008 hasta el 19 de marzo de 2014, informó el sitio fiscales.gob.ar.
La sociedad señalada fue creada en el año 2003 por Diego Pellegrini, el cuñado del imputado Sergio Gastón Ricardo. Es decir, quienes contrataban y eran contratados formaban parte del mismo "círculo íntimo" familiar. Esa maniobra se repite una y otra vez en los contratos que se investigaron.
Además del Hospital de Clínicas, otro centro de salud que se vio salpicado por el escándalo es el Hospital Pedro Elizalde (ex Casa Cuna), donde Sergio Gastón Ricardo se desempeñó como director General de Administración del Hospital Pedro Elizalde.
En este último caso, también hubo una distribución de remedios a través de Medipack entre 2009 y julio de 2014, aunque por cifras menores ($144.525). "Si bien esta cifra es muy inferior a la de la Universidad de Buenos Aires, estas contrataciones irregulares demuestran que estas personas no distinguen entre lo público y lo privado, sino que utilizan las instituciones del Estado para engrosar su patrimonio personal y dejar de lado el tan preciado bien común por el que deben velar", acusó con dureza el fiscal Picardi en su presentación.
Las irregularidades también alcanzan a la Facultad de Ciencias Económicas, la institución donde hicieron carrera académica Yacobitti, Giusti y Ricardo. Allí, los tres sospechosos formarían parte a través de Lucas Cipcic –presunto testaferro del presidente de la UCR- de una red de consultoras que no ofrecen ningún tipo de servicio y que, sin embargo, le facturan a esa casa de estudios.
"Para esa operatoria, habría sido clave la designación de Sergio Gastón Ricardo, en el cargo de Secretario de Asistencia Técnica y Pasantías de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA", indicó la instrucción del fiscal federal.
Una aeronave entre la riqueza acumulada
Los directivos de la UBA tampoco habrían sido prolijos en lo que respecta a su patrimonio. Según la investigación, las actividades sospechadas tuvieron como fin aumentar las riquezas de los funcionarios "de manera apreciable e injustificada", ya sea en forma directa o a través de terceros.
El enriquecimiento ilícito incluye desde "ostentosos viajes y gastos diarios, como así también bienes inmuebles, vehículos de alta gama y hasta una aeronave, tanto a su nombre como a nombre de las sociedades y de las personas que fueron descriptas como su círculo íntimo", afirmó el letrado de la Procelac.
Durante el período investigado, Giusti viajó al exterior en veinte oportunidades y adquirió cinco inmuebles y dos vehículos.
Con este panorama y racconto de irregularidades, el fiscal Picardi instruyó numerosas medidas de prueba para avanzar en la investigación, entre los que se encuentran pedidos de información a organismos públicos.
Fuente: http://www.infobae.com/2015/09/23/1757364-imputaron-autoridades-la-uba-enriquecimiento-ilicito-y-lavado-dinero
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