En un segundo posteo en Twitter aseguró: "En esta semana cursaremos pedido de informes a la Ministra de Educación (Cristina Storioni) para que tome conocimiento de esta irregular situación".
"No está bien reconocer igual nivel de representación a las banderas. Una es de Nación/Estado y otra es de un pueblo. Esto es lo sustancial. En relación a lo otro su origen es Chile, y no son preexistentes al 9/7/1816. Datos no opinión", disparó.
Y continuó en otra contestación a un usuario: "Por ahí no me expresé bien.
Antes del 9/7/1816 fecha de nuestra independencia no había mapuches en este territorio. Habitaban solo al Oeste de la Cordillera. Llegaron después. Por eso no son preexistentes".
La bandera mapuche ya había generado polémica luego de que flameara la semana durante un acto realizado en Comodoro Rivadavia por Alberto Fernández, en el que acompañó a los candidatos a senadores por esa provincia.
Giro del Gobierno
En medio de la polémica por la postura ante la escalada de la violencia en la Patagonia, ahora el Gobierno dice que se mantiene como querellante en la causa contra los grupos mapuches que tomaron tierras en Villa Mascardi, en la ciudad rionegrina de Bariloche.
Así lo confirmó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.
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La Justicia nunca le sacó a @ParquesOficial la calidad de querellante. En junio, decidimos no elevar la causa a juicio oral, sin antes tener una audiencia de conciliación. Al no presentarse, ni mostrar voluntad de diálogo, la causa judicial sigue avanzando", publicó el funcionario en su cuenta de Twitter.
A pesar de esto,
diputados de Juntos por el Cambio presentaron este martes una denuncia penal contra Alberto Fernández y Aníbal Fernández por "asociación ilícita" y otras acusaciones por la violencia de grupos mapuches en el sur de la Argentina.Así lo comunicó Jorge Enríquez, que impulsa la denuncia junto a Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Pablo Torello, entre otros diputados de la coalición opositora.
Piden que se investigue "la posible comisión de los delitos de asociación ilícita calificada, usurpación, incumplimiento de los deberes de funcionario público y sedición, ya sea en calidad de autores, cómplices y/o partícipes". /
Clarín