Jueves 04 de Diciembre de 2025, 06:49

AUDIENCIA. El futuro inmediato de los policías incluye reclusión por separado, ya que durante el proceso surgieron conflictos de intereses entre ellos.
La Justicia tucumana confirmó la prisión preventiva de tres policías involucrados en un caso de corrupción que sacudió a la fuerza: el presunto uso de reclusos condenados por abuso sexual para realizar trabajos de albañilería en una vivienda privada del ex jefe de la Unidad Regional Norte, Alfredo Beltrán, levantada en un terreno de El Cadillal que, según se determinó, pertenece al Estado provincial.
Los acusados continuarán detenidos, pero en dependencias distintas debido a conflictos internos entre ellos.
De acuerdo con la fiscal Mariana Rivadeneira, Beltrán habría montado un esquema clandestino para encubrir la utilización de los penados. La maniobra incluía, además, la colaboración de los sargentos Luis Trejo y Osvaldo Teseira, quienes habrían aportado mano de obra para la construcción y utilizado móviles policiales para trasladar a los condenados hasta el predio usurpado.
Los cargos formulados son múltiples. Beltrán fue acusado de peculado de uso y de servicio en concurso real, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público, en algunos casos como autor y en otros como coautor. A Trejo y Teseira se les imputó peculado en participación secundaria, junto con falsificación de documentos públicos en perjuicio de la administración pública.
El juez Eduardo González ya había dictado seis meses de prisión preventiva, decisión que fue apelada por los defensores Augusto Avellaneda —actualmente sólo representante de Beltrán— y Julieta Jorrat, abogada de Trejo y Teseira. En la audiencia revisora, ambos plantearon inconsistencias y pidieron la libertad o, al menos, el arresto domiciliario de los acusados.
Sin embargo, el juez Agustín Pupio sólo concedió una reducción: confirmó la prisión preventiva, pero acortó su duración a cuatro meses. La fiscal Rivadeneira, a través de los auxiliares Mónica Torchan y Federico Lizárraga, así como el representante de la querella del Estado, José María Molina, se habían opuesto firmemente a cualquier flexibilización.
La causa continúa abierta. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que todavía resta analizar la situación de otros 17 policías: 12 efectivos investigados y cinco más que habrían tenido algún grado de participación y actualmente se encuentran en disponibilidad.
En paralelo, y tras resolverse que no podían seguir alojados en comisarías, Trejo y Teseira fueron trasladados al penal de Benjamín Paz. Beltrán, en tanto, permanecerá recluido en un pabellón del penal de Villa Urquiza mientras avanza la investigación sobre uno de los casos más graves de corrupción policial registrados en los últimos años.
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