Marcha atrás con la licitación del bar Mirasoles en el parque Avellaneda

Luego de la medida cautelar dictada por la jueza María Felicitas Masaguer, mediante la cual se suspende el proceso licitatorio del uso y de la explotación de un bar ubicado en el parque Avellaneda, el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, optó directamente por dejar sin efecto ese acto administrativo.

El fallo había sido firmado por la titular de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo el miércoles de la semana pasada. A partir de allí había generado otro fuerte cruce entre concejales de la Capital encolumnados detrás del jefe municipal y pares que responden al vicegobernador -en uso del Poder Ejecutivo-, Osvaldo Jaldo.

Los alfaristas sostienen que la mano de Jaldo está detrás de la medida judicial. Fundan sus teorías sobre la base de que la jueza Masaguer también había firmado una cautelar que trabó el servicio del estacionamiento medido. Y descuentan que la licitación para la obra en el Mercado del Norte correrá la misma suerte, porque un planteo recayó en la misma sala.

De hecho, a raíz de estas situaciones, los alfaristas aseguran que los Tribunales resultan una de las arenas sobre las cuales se desarrolla la batalla política entre los oficialismos provincial y municipal.

Presentación

Casi como si se tratase de una ironía, el planteo a partir del cual se concede la cautelar que detiene el proceso licitatorio de un bar del parque Avellaneda fue impulsado por la empresa “Alto Ahí SRL”. En su presentación, el abogado José Agustín Chavanne enumera una serie de situaciones que estarían presentes en el pliego licitatorio que, a criterio de su representado -interesado en cumplimentar con el documento-, lo ponen en situación de desventaja frente a otros posibles interesados.

Chavanne señala que su cliente adquirió el pliego, y que luego de analizarlo advirtieron irregularidades en este. “Aunque el Pliego no lo dice, nos encontramos frente a la contratación de una obra pública, o al tipo de contrato de ‘Concesión de Obra Pública’, independientemente que se la llame ‘Concesión del uso del Predio e inmueble, Actual Bar y Restaurante ubicado en el Parque Avellaneda’. Esto así por cuanto la Municipalidad exige en el llamado licitatorio un proyecto constructivo ‘nuevo’, ‘innovador’, con una inversión no inferior a $ 150 millones”, señala. Más abajo insiste con esta acusación: “se intenta disimular la verdadera naturaleza de la licitación, cual es, en rigor, una contratación de obra pública, bajo un régimen análogo al de concesión de obra pública”.

Chavanne también advierte en su texto algunos faltantes. “Nada dice el pliego respecto de las condiciones mínimas que debe contener la obra a realizarse. Justamente, la indicación defectuosa o la inadecuada especificación del objeto de la licitación constituyen vicios que causan la nulidad de los pliegos. La determinación del objeto debe ser precisa, es decir ‘concreta y exacta’; inconfundible en el sentido de ser absolutamente clara y de ‘texto unívoco’ (...). En síntesis, lo verdaderamente relevante en este pliego no es lo que dice sino lo que no dice. De llevarse a cabo esta licitación se decidirá por lo no dicho en el objeto; es decir, por motivos absolutamente subjetivos”, afirma el abogado.

Palabra oficial

El proceso licitatorio del bar del parque Avellaneda -actualmente, Mirasoles- se originó en la Secretaría de Ingresos Municipales, a cargo de Claudio Viña. El funcionario alfarista echó por tierra los argumentos técnicos, e insistió con que tras la cautelar hay un fin político.

Contó que se trata de una explotación gastronómica con renovación de concesiones desde 1999, y dijo que la concesión se encuentra vencida desde el 29 de julio. Precisó, además, que se paga un alquiler mensual de $ 35.000: “cercano al 10% del valor locativo de un local de esa envergadura en cualquier lugar concurrido de la ciudad”. Añadió que la Municipalidad decidió llamar a licitación para que los oferentes realicen sus propuestas sobre un proyecto superador, buscando una importante puesta en valor de la explotación, habida cuenta del crecimiento y mejoramiento de la zona.

“Pareciera que los actuales ocupantes (del bar) no se quieren ir, e intentan perpetuarse en el lugar mediante alguna artimaña. Curiosamente, el empresario ocupante del espacio público municipal compra los pliegos y, convalidando estos, presenta una oferta. Paralelamente otra empresa, de la cual es socia su hija, decide impugnar judicialmente los pliegos. Llama la atención la lluvia de amparos con la firma de la misma jueza, que están impidiendo obras y crecimiento de la ciudad con argumentos desopilantes”, señaló Viña.

Más allá del reproche del funcionario, durante la tarde de ayer Alfaro decidió dar de baja el proceso licitatorio. El decreto mediante el cual cancela el acto da a entender que se procederá a llamar a otra instancia, en un futuro. /La Gaceta