Una autopsia psicológica a la víctima fue clave para acusar de instigación al suicidio a un guardiacárcel tucumano
Viernes 31 de Marzo de 2023, 04:33
PERICIA CLAVE. Se realizó una revisión del perfil de la víctima, hablando con sus familiares y revisando sus redes sociales y el contenido de su celular.El 17 de junio del año pasado se registró un extraño episodio en un inmueble del barrio Acceso Este, en El Colmenar, cuando la agente Ana Carolina Picone tomó el arma reglamentaria de su pareja, Gerardo David Bazán, y se disparó en la cabeza, tras lo cual fue trasladada hasta el hospital Padilla, donde llegó ya sin vida.
El agente del servicio penitenciario afirmó que se trataba de un suicidio y que él no tenía nada que ver, pero la familia de la víctima comenzó a escarbar y descubrió varios indicios de que la versión que aportaba el sospechoso tenía algunas inconsistencias, por lo que el fiscal Ignacio López Bustos decidió profundizar la investigación.
El 30 de diciembre, el auxiliar fiscal Guillermo Di Lella, de acuerdo con indicaciones de López Bustos, acusó al uniformado de instigación al suicidio, delito sobre el cual el Código Penal señala que será penado con entre uno y cuatro años de prisión aquel que instigare a otro al suicidio o lo ayudara a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado.
Al defender su planteo, el representante del Ministerio Público Fiscal destacó que Bazán mantuvo una relación de más de tres años con Picone, “vínculo que estuvo signado por la desigualdad de poder, donde él ejercía violencia física y psíquica en contra de ella”.
Según el acusador, esa situación “afectó gravemente la libertad, la dignidad, la integridad física y la psíquica y la seguridad de Picone, tanto en ámbitos familiares, como sociales y laborales. Estas humillaciones fueron reiteradas, limitando seriamente su ámbito de autodeterminación”.
Di Lella solicitó que se lo acuse por este hecho y que le dicten la prisión preventiva por tres meses, planteo que tuvo la adhesión de la querella, representada por Carlos Posse, y el rechazo de los defensores Silvia Furque y Gerónimo Martínez Molina. El juez que entendió en el planteo, aceptó todas las peticiones, menos la de la privación de libertad, y ordenó una serie de medidas de protección a los familiares de la víctima.
En las últimas semanas, el expediente tuvo un importante giro, cuando a las manos del fiscal llegaron los informes de una “autopsia psicológica” que ordenó. Se trata de un estudio que realizó una perito del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales, que permite ver el perfil de la víctima. Se elabora entrevistando a su grupo familiar y a sus amistades y analizando sus redes sociales y los mensajes de WhatsApp que tenía en su celular.
El informe fue clave. “No habría presentado rasgos compatibles con los caracteriales prototípicos suicidas. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de un pasaje al acto autolesivo a partir la objetalización y manipulación permanente por parte de quien fuera su pareja, lo cual habría influido decididamente en su salud psíquica, hallándose en los últimos años de su vida inmersa en un contexto de violencia de género, culminando fatídicamente el día de su muerte”, dijo en la conclusión del informe la psicóloga Lina Natalia Córdoba.
Pero hubo otro episodio más. “Hace un mes y medio atropelló al hermano de Ana. Se hizo la denuncia en otra fiscalía que investigó el hecho y se comprobó que había incumplido la prohibición de acercamiento que se le impuso. Estos dos puntos fueron claves para que se lo detenga”, dijo Posse.
El profesional reconoció que no es común que se acuse a una persona por este delito. “Aquí no sólo se probó, sino que fue en un contexto de violencia de género”, razonó.
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