Un juez habilitó la feria para hacer cumplir un fallo que obliga a Capital Humano a “no innovar” en la política alimentaria
Jueves 18 de Julio de 2024, 14:26
Un juez habilitó la feria judicial para hacer cumplir el fallo del juez Lara Correa.Walter Lara Correa, el juez detrás de aquella primera resolución, a días del inicio del receso invernal, dio lugar a la cautelar que presentó la representante oficial de niños y adolescentes ante el tribunal, Florencia Plazas, quien solicitó que el ministerio continúe con los “planes y programas” alimentarios. Esto último es lo que buscan hacer cumplir las organizaciones al pedir la habilitación de la feria judicial, al la que el juez Cormick accedió por las “circunstancias excepcionales del caso”
En su pedido, Plazas, solicitó al juez que “ordene al Ministerio de
Capital Humano que continúe con los planes y programas denunciados como
política pública para cumplir con sus obligaciones internacionales en
materia de derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes y
que asegure su efectiva ejecución evitando cualquier dilación,
interrupción o recorte sustancial de la prestación alimentaria”.
El juez Lara Correa avaló esta solicitud con un fallo que no terminó por despejar las dudas: mientras que las organizaciones sociales estaban exultantes, en el ministerio no mostraban preocupación por la resolución del juez. “Es un fallo híbrido”, aducían.
El juez Lara Correa avaló esta solicitud con un fallo que no terminó por despejar las dudas: mientras que las organizaciones sociales estaban exultantes, en el ministerio no mostraban preocupación por la resolución del juez. “Es un fallo híbrido”, aducían.
La disputa alimentaria entre el ministerio y las organizaciones acumula capítulos en la Justicia.En su fallo, el magistrado sostuvo: “corresponde hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la Sra. Defensora Pública Oficial [Florencia Plazas] y, en consecuencia, dispóngase que el Estado Nacional - Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas”
La resolución de Cormick, que se para sobre el fallo de Lara Correa, es
un eslabón más en la larga cadena judicial que se inició en febrero,
cuando el dirigente social Juan Grabois denunció a la titular del
ministerio, Sandra Pettovello, por incumplimiento en los deberes de
funcionario público tras interrumpir el reparto de alimentos para los
comedores comunitarios en medio de una reorganización de la política
alimentaria. A la par de aquella denuncia, las organizaciones sociales
nucleadas en la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP),
presentaron un amparo colectivo pidiendo que se reanudara la entrega de
alimentos.
Las organizaciones sociales tuvieron mejor suerte en la Justicia que en la calle en su reclamo por alimentos.La disputa de las organizaciones sociales con el ministerio tiene otro andarivel en el terreno judicial. En el marco de la denuncia de Grabois contra Pettovello, el juez federal Sebastián Casanello, ordenó a la ministra a presentar un plan de “inmediata ejecución” para activar el reparto de los alimentos almacenados en los depósitos de ministerio.
Ahora, luego de que la Cámara de apelaciones y Casación confirmaran el fallo de Casanello y rechazaran los argumentos del Ministerio, Pettovello planea ir a la Corte Suprema de la mano del procurador de la nación, Rodolfo Barra, quien entró en escena para darle volumen jurídico a la pulseada de la ministra con las organizaciones sociales. /La Nación
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