Lograron frustrar otro intento de usurpación de un terreno público cerca de Tafí del Valle

Viernes 04 de Octubre de 2024, 06:30

La Justicia investiga a miembros de la comunidad originaria por alambrar parte del perilago



El pasado sábado, empleados de las dirección Provincial del Agua y sus colegas de Flora y Fauna, observaron que un grupo de personas cercaban un predio en el paraje conocido como Ojo de Agua, en la desembocadura del río Tafí en el dique La Angostura.

El abogado de la primera repartición acudió el lunes a la comisaría de Tafí del Valle donde realizó la denuncia por usurpación de tierras fiscales.

Los efectivos policiales constataron lo expuesto y se lo repoartaron a la fiscal Mónica García de Targa, quien ordenó que se determine la identidad de los autores de la apropiación ilegal y se les informara que iban a ser encausados por el delito en el que incurrían.

Aún cuando no fue posible confirmar la identidad usurpadores, se supo establecer que están vinculados con miembros de la comunidad originaria de Ojo de Agua.

Los encargados de revelar los detalles de la maniobra creen que habrían recibido también el apoyo de dirigentes políticos para que se instalaran en el lugar, todo lo cual quedó bajo la investigación que lleva adelante la fiscal.

La colocación de alambrados, utilizados para la separación de los lotes, generó también la reacción de los residentes ocasionales de Tafí del Valle, que a través de grupos de WhatsApp denunciaron este y otros casos similares que se habían registrado recientemente.

“Estábamos muy preocupados por lo que había sucedido con esta nueva toma. Teníamos miedo que esto se extienda por todo el valle. Pero por suerte y cuando menos lo esperábamos, intervino la Policía y puso orden rápidamente. Espero que esta política de cero tolerancia a las usurpaciones se mantenga con el tiempo”, expuso Mario Aguilar, uno de los que intervino en el intercambio de mensajes sobre el tema.

Desde la Unidad Regional Oeste de la Policía provincial destacaron que en esta oportunidad, ante la evidencia del ilícito, decidieron actuar para impedir que se concrete el loteo y la ocupación efectiva de los terrenos, aún antes de contar con la orden judicial.

Esa acción preventiva se completó con el retiro de los postes de alambrado, tarea que les fue encomendada por la fiscal y que culminó con la entrega de todo el material a los frustrados usurpadores.