Martes 22 de Octubre de 2024, 06:39
DANIEL ALTAMIRANO. El procurador, conocido en los pasillos de tribunales del sur tucumano, sigue sin aparecer al igual que una decena de sus colaboradores.
Pek Capital,ia estafa piramidal que afectó a miles de tucumanos en el sur de la provincia es el tercer caso de este tipo que acaba en manos de la Justicia Federal en menos de una década.
Sus impulsores, por ahora con paradero desconocido, se valieron de una estrategia diferente a sus antecesoras, Intensive Live y Adhemar, la que sería una de las causas por las que habría logrado captar incautos devenidos inversores entre los habitantes de Concepción, Aguilares y Alberdi, de acuerdo a lo que se expuso hasta el momento ante la justicia.
El procurador
Daniel Altamirano es señalado como el cerebro de esta maniobra que, si según las primeras precisiones obtenidas por los investigadores, habría iniciado en enero, apelando a un formato nuevo, valiéndose de una aplicación que invitaba a potenciales clientes a confiarles su dinero.
El sistema operaba como una cadena: el impulsor invitaba a futuros clientes a hacer inversiones, que se presentaban como la colocación de dinero en fondos que operaban en Australia, o la compra de acciones en la bolsa, o directamente la compra de un terreno.
Uno de los estafados que decidió hablar con la condición del anonimato, detalló que cada inversionista recibía un mensaje ofreciéndole participar de un negocio, del tipo “ponés U$S 10.000 a cambio de un 15% de interés mensual”, detallando que a los seis meses se podía retirar el capital, con la promesa de que lo invertido podría hasta duplicarse.
Una de las condiciones era que el ingresante debía invitar a otras personas para que se sumaran a la inversión, algo que el informante asegura quevhizo, pero siempre advirtiendo que eso era para poner y sacar rápido la plata, aclarando que quienesatendieron su consejo no tuvieron problemas; sólo los que siguieron, terminaron señalándolo.
Los investigadores determinaron que cada inversionista podía ingresar a una aplicación donde se destacaban las ventajas de operar con Pek Capital, las oportunidades de negocio, las inversiones que había realizado cada cliente y las ganancias que venía acumulando.
A comienzos de octubre empezaron a sucederse los problemas con los pagos y el sábado 12, justo en medio del fin de semana largo, la aplicación dejó de funcionar.
“Ahí nos dimos cuenta de que todo era trucho. Ellos juntaban la plata y hacían negocios. A los primeros les fueron pagando porque tenían margen, pero cuando la bola se hizo enorme, terminaron cerrando todo. Ojo, Altamirano siempre advirtió que esta posibilidad existía. Nadie se puede hacer el sorprendido”, agregó una productora rural, otra de las damnificadas por la maniobra.
En esa nómina aparecen funcionarios judiciales, empresarios, cañeros y ciudadanos comunes que hasta llegaron a vender autos para poder aportar más capital.
El lunes 14, la fiscal
Mónica García, del Centro Judicial de Concepción, comenzó a recibir las primeras denuncias. El viernes, después de analizar cuatro días el expediente, decidió declararse incompetente, ya que había confirmado que Pek Capital no tenía ninguna autorización del Banco Central de la República Argentina ni de la Comisión Nacional de Valores.
El expediente ya está en manos del fiscal federal
Agustín Chit, que deberá analizar lo que hay en el expediente (al parecer sólo estarían las ocho denuncias recibidas hasta el viernes y el escrito de declaración de incompetencia) y luego tomar las medidas que considere prudentes.
Todo apunta a que Altamirano, quien aparece como el responsable de la maniobra, habría recibido la colaboración de una docena de personas cuyos nombres por ahora no se difundieron y cuyo futuro legal aparece por lo menos comprometido, ya que ni siquiera se le habría informado que se puso en marcha una investigación en su contra.
Alfredo Aydar, abogado querellante en todas las causas de estafas de este tipo, anunció que en las próximas horas asumirá ese mismo rol en nombre de medio centenar de damnificados. “Pediremos que a Altamirano se lo acuse de haber formado una asociación ilícita para cometer estafas, de haber realizado operaciones financieras sin autorización y de lavado de activos. Aquí la cuestión es que las formas de engaño cambian, pero el método siempre termina siendo el mismo”, anticipó.
En Tucumán ya hay antecedentes sobre este formato de estafas. En 2020 comenzaron a investigarse los movimientos que había realizado dos representantes de Intensive Live en Tucumán. En 2021, la Cámara de Apelaciones resolvió que el caso debería ser investigado por la Justicia Federal, donde aún permanece el expediente. Según Aydar, unos 5.000 tucumanos resultaron damnificados.
El segundo caso fue el de Adhemar Capital que estalló en febrero de 2022, cuando
Edgard Adhemar Bacchiani entró en cesación de pagos.
Aunque en Tucumán las víctimas se contaron por centenares, el juez federal de Catamarca Miguel Ángel Contreras resolvió acumular todas las causas, la justicia ordinaria de Córdoba no aceptó y el CEO también será enjuiciado en esa provincia acusado de conformar una asociación ilícita para cometer estafas.
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