El robo de la Ciudad Universitaria: durísimo testimonio de Adela Seguí complicó más a Cerisola

La abogada rememoró que su participación en la causa comenzó cuando accedió a un informe del ex decano de Ciencias Naturales Florencio Aceñolaza, también ex director de YMAD por la UNT, referido al uso que le daría la Universidad a los fondos percibidos. 

“Pedí que ese informe se tratara en el Consejo, ya que pensé que si esos dichos eran reales, ya que no teníamos documentación que los avalara, estaban en juego intereses patrimoniales de la universidad”, sostuvo ante miembros del Tribunal Oral Federal, integrado por Jorge Alejandro Basbús, Ana Carola Farías, ambos de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca. 

“En ese informe -sostuvo Seguí- el ex rector (Cerisola) se había dado por satisfecho a percibir el 40 % de las utilidades de YMAD, e informaba los montos que se habían recibido”.

A consultas de los integrantes del Ministerio Público Fiscal, Pablo Camuña, Agustín Chit y Lucía Doz Costa, Seguí respondió que “la universidad hasta el día de hoy se pregunta cuál es la ciudad universitaria que se debía construir”. 

También, durante el interrogatorio del representante de la querella, Rodolfo Burgos, la ex decana afirmó que “durante el período que yo estuve se nos ocultó información sumamente importante que hubiera servido para avanzar en la ciudad universitaria de la que todos hablaban”. 

Y resaltó que “cuando comenzaron a llegar los fondos se cotizó el lugar dentro del directorio de YMAD y allí iban sobre todo los que habían sido rectores como (Mario) Marigliano, (Rodolfo) Campero o el mismo Cerisola”. Y no tuvo problemas en reafirmar que “hubo operaciones que fueron ruinosas, fuimos defraudados por el rector ya que se permitió que se firmara el memorándum de entendimiento”.

Cerisola está imputado por administración fraudulenta de utilidades mineras recibidas por la UNT entre 2006 y 2009 respecto de la realización y/o refacción de 13 obras públicas; también, de haber cambiado el destino de ese 40% de los fondos de la minería que correspondía a la UNT mediante la firma de un acta en YMAD; de haber puesto bajo la órbita directa del Rectorado el área de Construcciones Universitarias y de haber determinado mediante resolución que las obras llevadas a cabo con utilidades mineras no se rigiesen por la Ley nacional de Obras Públicas. 

Junto a él están siendo juzgados Luis Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias- y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-. 

La UNT es dueña -junto a Catamarca- de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), formada por la Ley N° 14.771 en 1958, para disponer del yacimiento Aguas de Dionisio. 

La norma determinó que las utilidades del yacimiento debían repartirse en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT que debía ser destinado a completar la obra de la ciudad universitaria, iniciada en 1948 en San Javier y en Horco Molle durante el rectorado de Horacio Descole. 

En ese sentido, Seguí dijo que “la universidad debería haber resignificado el proyecto de Descole si no se podía construir en el cerro”, y recordó que al pedir informes “los consejeros más cercanos a la rectora (Alicia Bardón) eludían el tema” y que cuando llamaron a declarar al referido Aceñolaza “se había olvidado de todo, y me defraudó”. 

Según ella, “fue relevante conocer cómo se gestó la ciudad universitaria del siglo XXI. Habían reemplazado el proyecto de Descole por un listado de obras, todo explicado en una carilla. Se quería dejar de lado el de Descole diciendo que era inviable, pero sin dar explicaciones. Me quedó la impresión de que cada decano había pedido algo para su facultad. Luego hicieron otro listado con otras obras, ya tenían un monto, y se informa que la UNT ya había recibido 267 millones de pesos”, recordó. 

“El nuevo plan universitario no se aprobó nunca. Todo esto fue como rechazar una herencia para construirse una gran casa y uno lo rechaza porque ya tiene la casita vieja”, ejemplificó. “En la rotonda de Horco Molle se habían gastado más fondos que en algunos de los edificios universitarios. Por todo esto le pedimos a la AGN que auditara todos los fondos que habían ingresado desde YMAD”, expuso la abogada.

A preguntas de las defensoras de Cerisola, Silvia Peyracchia y Rosa Luz Casen, Seguí admitió que “no estaba mal que el rector atendiera los pedidos de los decanos”. Pero aseguró que: “esta gestión de Cerisola fue una tragedia social”. 

“Los fondos que la universidad tenía para percibir sin dudas podían hacer viable la universidad en San Javier”, dijo.