Piden que se agrave la condena a Cerisola y se incluya a Luis Sacca
Domingo 14 de Diciembre de 2025, 08:57
RECURSO DE CASACION. El fiscal Pablo Camuña argumentó mala interpretación del Tribunal que sancionó al ex rector con poco más de tres años de prisión y absolvió al ex subsecretario administrativo por el beneficio de la duda.El Ministerio Público Fiscal Federal elevó un recurso de casación ante la Cámara Federal de Casación Penal para que se revisen aspectos centrales de la sentencia dictada en octubre de 2025 por el Tribunal Oral Federal de Tucumán en la causa YMAD.
El planteo, firmado por el fiscal general Pablo Camuña, cuestiona la absolución de uno de los imputados, objeta la valoración de la prueba realizada por los jueces y solicita una re definición del alcance de las condenas aplicadas al ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola, y a otros ex funcionarios universitarios.
El caso se originó en 2010, cuando auditorías internas detectaron presuntas maniobras irregulares en el manejo de los recursos recibidos por la UNT a través de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). Los fondos estaban destinados principalmente al desarrollo de la Ciudad Universitaria, pero las pesquisas revelaron sobreprecios, colocaciones financieras indebidas y la renuncia injustificada a utilidades que debían ingresar a la universidad.
Por estos hechos fueron juzgados Cerisola; Olga Cudmani, ex directora de Construcciones Universitarias; Osvaldo Venturino, ex director de Inversiones y Contrataciones; y Luis Sacca, ex subsecretario administrativo.
Tras un juicio de más de un año, el Tribunal condenó a Cerisola a tres años y seis meses de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, además de una reparación millonaria a favor de la casa de altos estudios. Cudmani recibió tres años y dos meses; Venturino, dos años condicionales; mientras que Sacca fue absuelto ante la duda.
Para los fiscales Camuña, Agustín Chit y Lucía Doz Costa, esta decisión dejó sin sanción obligaciones de control que —sostienen— estaban claramente acreditadas en el expediente.
En su recurso, Camuña afirma que el tribunal incurrió en “errónea valoración de la prueba” y “aplicación incorrecta del derecho”, lo que derivó en un fallo “manifiestamente injusto”. El fiscal remarcó que la absolución de Sacca se apoyó en una interpretación arbitraria del principio in dubio pro reo, pese a que —según sostiene— existían elementos objetivos que acreditaban su injerencia en las maniobras investigadas. Por ello, solicitó que se lo declare culpable de incumplimiento de deberes de funcionario público, se lo inhabilite y se lo obligue a reparar el daño causado.
El recurso también objeta que la condena a Cerisola haya dejado sin sanción conductas que, según el MPF, configuran administración fraudulenta en perjuicio de la universidad, especialmente la renuncia al 50% de las utilidades que correspondían a la UNT en el marco de YMAD. Los fiscales calcularon que, como mínimo, la institución perdió un 33% de los beneficios que debía percibir entre enero de 2008 y junio de 2010.
Asimismo, el MPF reprochó que el fallo no analizara adecuadamente la posibilidad de calificar los hechos como asociación ilícita o lavado de activos, ni dispusiera medidas preventivas más severas. En este sentido, señaló que la evidencia del debate revela la existencia de un entramado funcional entre autoridades universitarias y empresas contratistas, orientado —según el recurso— a sostener un sistema informal de contrataciones con adjudicaciones discrecionales, sobreprecios y ausencia de controles.
Si la Cámara de Casación hiciera lugar al planteo, deberá fijar nuevas penas y revisar de manera integral la responsabilidad penal de los acusados. Por ahora, la causa —una de las más relevantes en materia de administración pública en Tucumán— ingresa en una nueva etapa que podría modificar sustancialmente el fallo dictado el año pasado por los jueces Ana Carina Farías, Abelardo Jorge Basbús y Enrique Lilljedahl.
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