Lunes 06 de Enero de 2025, 22:00
“Las universidades nacionales no tenemos presupuesto asignado para el 2025, dado que el país tampoco lo tiene. Por cuestiones técnicas y dado que el Congreso de la Nación ya había cerrado sus puertas, el Consejo Superior aprobó reconducir el presupuesto disponible de manera de comenzar el año con el crédito necesario para hacer frente a los movimientos administrativos de estos meses". Con estas palabras, el rector Sergio Pagani expresó su preocupación por el próximo año financiero de la Universidad Nacional Tucumán, la más rica del país, ya que es la única que por la Ley 14.771 de creación de YMAD se beneficia de los dólares de la minería nacional.
Esta confesión del rector formal en exclusiva al diario La Gaceta, se da a menos de un mes de que el Concejo Superior de la UNT le otorgara un salvataje financiero de $249.803.208 a Canal 10, la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), de la que es accionista en un 70% y que atraviesa una fuerte crisis económica producto de años de administraciones fraudulentas, que por ejemplo, llevó a la señal a acumular 9 balances sin aprobación y prácticamente obligar al gobierno de Provincia que posee el porcentaje restante de las acciones a pedir una profunda auditoria que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas.
En el centenario diario, Pagani admitió que “el problema sigue siendo la situación de los trabajadores de las universidades", y aseguró que "quedó pendiente la recomposición salarial del personal docente y no docente”. Esto habría sido el motivo de que a fines de diciembre, desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT y la Fundación Miguel Lillo (ADIUN), acusaran al Rectorado de quedarse con "parte de los sueldos y aguinaldo" de los docentes más bajos.
El pasado 19 de diciembre, eltucumano.com publicó del aporte de 250 millones de pesos que desde la conducción de una Universidad Pública - que se presenta ante los medios con carta de pobreza y promovió recientemente marchas en defensa del aumento de su presupuesto-, fue aprobado por el Consejo Superior de la UNT encabezado por los Decanos de las de las 13 facultades el pasado 10 de diciembre, en que realizó su último encuentro del año con un copetín y antes de "un brindis y cálidos aplausos" de acuerdo a la información oficial.
Así, con un dantesco jolgorio y el alcohol de fin de año, la Casa de Altos Estudios decidió "un aporte de capital para solventar necesidades financieras" del canal de todos los tucumanos, tras años de desmanejo y administración fraudulenta bajo la conducción del ahora expresidente y exdirectivo, Rodolfo Tercero Burgos, mientras estuvo al frente de Canal 10, cargo al que llegó en 2016 y renunció en marzo de 2024, cuando decidió alejarse para actuar de falso querellante en el juicio por el desfalco de fondos que debían destinarse a la construcción de la Ciudad Universitaria. Sin embargo, a principios de diciembre, fue desplazado como representante legal de la universidad tras ser condenado a cinco años de prisión por el abuso sexual de su hija menor de edad.
De acuerdo a un "informe técnico" presentado por los directores saabistas Leandro Díaz y Horacio Madkur que reemplazó recientemente a Burgos aduce un "compromiso en el flujo de fondo que ocasiona un gravísimo stress para el cumplimiento de las obligaciones de corto plazo de la empresa". "Situación que, de no obturarse en forma oportuna, por su carácter acumulativo, pondrá a la Sociedad en crisis de solvencia financiera", justificaron ante el rector formal Sergio Pagani y su jefe polìtico, el histórico secretario general, José Hugo Saab alias "el gordo saab" -quien ya lanzó su fórmula Cabrera- Grunauer para seguir-.
“El remedio legal y natural para superar estas crisis y general confianza a los terceros consiste solicitar a los Socios Accionistas aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital, los que una vez recibidos y consideradas las condiciones de los mismos, sean aprobados formalmente reproduciendo en forma exacta sus condiciones y que, en este caso solicitan ’evaluar la posibilidad de parte de la Universidad Nacional de Tucumán de efectuar un aporte de Pesos Doscientos Cuarenta y Nueve Millones Ochocientos Tres mil doscientos ocho ($249.803.208) para solventar el flujo extraordinario del mes de diciembre de 2024 y cancelación de pasivos’", solicitaron Madkur y Díaz.
Para justificar el pedido del millonario salvataje, informaron que “la empresa ha sufrido durante el presente año, una caída sustancial de sus ventas en términos reales, debido a la fuerte contracción del mercado publicitario objetivo, dada las restricciones presupuestarias del sector público (uno de sus principales clientes) y una recesión de nuestra economía durante los 3 primeros trimestres, cuyo impacto en el sector privado generó un retiro de pauta de muchos de clientes de comercialización directa (pymes locales) y en menor medida de la comercialización nacional realizada por ARTEAR S.A" información que sería incierta, ya que el canal tuvo un incremento de facturación del 100%, en comparación al 2023.
“La gestión del corriente año, dado el déficit operativo evidenciado, se gestionó con un sustancial acortamiento de los plazos de cobranzas, con el diseño de nuevos contratos de pago por adelantado, con una negociación de proveedores para la obtención de plazos más largos de pagos, y con el uso de fondos que la empresa poseía en inversiones de capital. Nuestra empresa se caracteriza por tener un alto apalancamiento negativo, es decir un alto costo fijo, proveniente sustancialmente del componente salarial, y su fuente de ingresos muy elástica o variable", explicaron y agregaron: "el aporte solicitado tiene por objetivo equilibrar el balance y financiar la transición de recuperación de ventas y reducción de costos".
Los casi $250 millones, que ya fueron depositados en una cuenta del banco Galicia, serviran para tratar de paliar el déficit mensual de más de $40 millones que la SAPEM padece desde hace meses. No se detalló de qué partida universitaria salieron los millones de pesos destinados a Canal 10, situación que podría derivar en un delito, ya que modificar el destino de fondos que se encontraban previsto para otro lugar o actividad podría ser considerado una malversación de dinero. /eltucumano