El gobernador Jaldo dispuso que se accione en la justicia contra todos los responsables de la venta de terrenos publicos en El Mollar

Lunes 13 de Enero de 2025, 08:43

DESALOJOS. La liberación de los terrenos ubicados en el perilago de La Angostura fue el primer paso que ahora, derivará en la determinación de responsables de la venta ilegal de inmuebles.



La venta de terrenos en la villa turística de El Mollar, en la Reserva Provincial de La Angostura, se ha convertido en un escándalo que involucra a compradores, funcionarios, y reparticiones del Estado. La disputa, centrada en el denominado "Loteo Gaucho Castro", revela un complejo entramado de irregularidades administrativas, dudas sobre la titularidad de las tierras y una judicialización que busca esclarecer responsabilidades.

Desde hace cinco años, lotes del "Loteo Gaucho Castro" han sido vendidos a precios que oscilan entre U$S 15.000 y U$S 20.000. Según los compradores, entre ellos trabajadores y docentes, la operación contó con el aval de funcionarios de la comuna de El Mollar y varias reparticiones estatales, como Catastro y la Dirección General de Rentas (DGR).

“Compramos de buena fe. Nos dijeron que todo era legal, incluso el delegado comunal Jorge Cruz adquirió y vendió dos terrenos aquí. Contamos con documentos que demuestran la titularidad del predio”, aseguró Alberto Cativa, uno de los compradores.

Sin embargo, en octubre de 2024, una inspección realizada por empleados de distintas áreas del Gobierno Provincial reveló que las tierras pertenecían a la r
eserva protegida por un decreto de 1996. Como resultado, la Policía removió alambrados instalados en los terrenos, y la fiscal de Estado Gilda Pedicone interpuso una demanda para preservar el área. La jueza María Felicitas Masaguer emitió una medida cautelar que prohibió cualquier construcción o actividad que afectara el medio ambiente en el loteo.

La venta de estos terrenos expone un desorden administrativo que involucra a diversas dependencias estatales. Por un lado, la Dirección General de Rentas emitió boletas de pago de impuestos inmobiliarios a nombre del vendedor, Juan Pablo Castro. Por otro, una nota firmada por abogados de Catastro recomendaba la regularización dominial del loteo. A su vez, la comuna de El Mollar otorgó factibilidad para la conexión de servicios, firmada por el delegado Jorge Cruz.

“Todo lo que hicimos fue con el aval de organismos estatales. Si el Estado nos dice que las tierras están en regla, ¿cómo pueden ahora tratarnos como usurpadores?”, cuestionó Cecilia Vallejos, una docente que adquirió uno de los lotes.



El caso escaló cuando Marcos Bolla, propietario de una vivienda prefabricada en el loteo, fue detenido junto a dos albañiles por desobedecer la medida cautelar y avanzar con construcciones en el terreno. Aunque los trabajadores fueron liberados, Bolla enfrenta cargos por usurpación y desobediencia judicial. Su defensa busca cerrar el caso mediante una probation, mientras la Fiscalía de Estado exige un juicio abreviado con condena condicional para sentar precedentes.

“Esto no se trata solo de un loteo; es un problema de fondo. Debemos proteger las tierras públicas, pero también investigar cómo se permitió esta venta irregular”, señaló una fuente cercana a la Fiscalía.

El gobernador Osvaldo Jaldo ha instruido avanzar "hasta las últimas consecuencias" para recuperar las tierras y preservar la reserva. Según la fiscal Pedicone, se planteará una demanda civil para la recuperación de las parcelas y otra penal para investigar la posible connivencia de funcionarios en la venta irregular.

Mientras tanto, los compradores exigen respuestas y denuncian un trato desigual. “Nos señalan como delincuentes, pero hay otros emprendimientos en la zona, como ‘El Pelao’ o Lomitas I y II, que también ocupan terrenos cuestionados. Sin embargo, solo a nosotros nos ponen consigna policial”, dijo Cativa.

La situación en El Mollar pone de manifiesto la necesidad de un ordenamiento territorial claro y transparente en Tucumán. La coexistencia de documentos oficiales contradictorios, el aval de funcionarios locales y la falta de controles eficientes han permitido que un conflicto de esta magnitud estalle en una de las zonas turísticas más importantes de la provincia.

Con varias causas en curso y un clima social tenso, este caso podría marcar un punto de inflexión en la política de tierras públicas de Tucumán, sentando las bases para evitar que episodios similares se repitan en el futuro.