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Una menor autora de amenazas a un colegio evitó el juicio a prueba realizando tareas comunitarias
Viernes 14 de Marzo de 2025, 06:34
La Justicia homologó la suspensión de juicio a prueba para una adolescente que había sido imputada por realizar dos amenazas de bomba en el colegio Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús.
La decisión se tomó tras la presentación de un acuerdo restaurativo impulsado por la Defensoría de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida (DNAyCR), que incluyó trabajo comunitario y un resarcimiento económico de $ 150.000 para reparar el daño causado al establecimiento y a la sociedad tucumana.
La joven, identificada como L. por cuestiones legales, fue imputada el 17 de abril de 2023 por la Fiscalía de Cibercriminalidad, a cargo de Carlos Saltor, bajo la acusación de intimidación pública.
Según la investigación, el 17 y el 30 de agosto de 2023 envió correos electrónicos a la cuenta oficial del colegio advirtiendo falsamente sobre la presencia de explosivos en el establecimiento.
En junio, la Defensoría de Niñez propuso un acuerdo restaurativo que implicaba la realización de tareas solidarias en el Hogar San José hasta finalizar el ciclo lectivo.
La adolescente se comprometió a asistir una vez por semana durante dos horas para colaborar en la preparación de donaciones de ropa para su venta. También participó en capacitaciones de la Dirección de Defensa Civil entre octubre y diciembre, donde conoció el funcionamiento del servicio de emergencias 103 y la importancia de actuar con responsabilidad al utilizar líneas de emergencia.
En paralelo, visitó la Dirección General de Bomberos junto a su madre para interiorizarse sobre los protocolos ante amenazas de bomba y comenzó un tratamiento psicológico supervisado por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.
Según el informe del licenciado Diego Abella, L. cumplió con responsabilidad los acuerdos y se integró satisfactoriamente a su entorno escolar y comunitario, además de manifestar planes concretos para su futuro académico.
El pasado 11 de marzo, en una audiencia ante el juez Federico Moeykens, los defensores Andrés Avellaneda y Bernardo Lemme expusieron los avances logrados y solicitaron la suspensión de juicio a prueba por seis meses.
Como parte de la resolución, L. deberá continuar su tratamiento psicológico, acreditar su continuidad educativa y cumplir con reglas de conducta. Además, ofreció una reparación económica de $ 150.000, que será destinada a la oficina de Políticas Reparatorias del Ministerio Público Fiscal.
“La defensoría comprende que las salidas judicializadoras no necesariamente son las que mayor beneficio pueden traer a las personas. L. es un claro ejemplo de que una solución distinta y especializada puede contribuir a su desarrollo y permitirle convertirse en una persona con una posición constructiva en la sociedad”, expresó Avellaneda.