Cómo es el plan del gobierno para poner orden en Ticucho y recuperar las tierras usurpadas
Martes 22 de Abril de 2025, 05:43
EVIDENCIA. Dos casillas precarias se instalaron a la vera de la ruta provincial 312, en Ticucho, mientras el gobierno releva la zona en busca de poner orden.El Gobierno de Tucumán profundiza su ofensiva para recuperar terrenos fiscales en la localidad de Ticucho, ubicada a 40 kilómetros de la capital provincial. Así lo confirmó la fiscala de Estado, Gilda Pedicone, quien advirtió que “el trabajo es arduo y debe ser prolijo”, pero que avanzarán “en todos lados donde detectemos irregularidades”.
La estrategia se enmarca en el plan de defensa del patrimonio público impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo, que contempla intervenciones directas bajo la figura de “autotutela”, sin necesidad de una orden judicial.
Durante una reunión realizada el lunes en la Casa de Gobierno, autoridades de la Unidad Ejecutora, de Medio Ambiente, de las direcciones de Catastro, Flora y Fauna, Agua, y del Ente Tucumán Turismo, delinearon el protocolo de acción para abordar la compleja situación dominial que afecta a esta localidad perteneciente a la comuna de Tapia, limítrofe con El Cadillal.
Ticucho presenta un escenario confuso, con múltiples actores que aseguran ser propietarios de tierras en la zona, incluidas la Nación, la Provincia, particulares como Adolfo López y una familia González, así como la familia Torres, que invoca derechos ancestrales sobre terrenos próximos al río Tapia. Sin embargo, gran parte de estos terrenos estarían ubicados dentro de una reserva natural, lo que complica cualquier posibilidad de venta legal.
Uno de los principales obstáculos es la indefinición de los límites de propiedad, lo que facilita la proliferación de construcciones irregulares. Para esclarecer esta situación, la Dirección de Catastro realizó recientemente un relevamiento aéreo con drones en el sector del “Camino del Perilago” (Ruta 312). Se espera que entre hoy y mañana se obtengan los primeros informes técnicos que permitan identificar ocupaciones ilegales.
Tras la inspección, surgieron al menos cuatro situaciones irregulares que ya están siendo analizadas por las autoridades provinciales:
- Viviendas fiscales: Se habrían construido unas 30 casas sobre terrenos públicos, especialmente en la zona del río Tapia. Muchas de ellas habrían sido vendidas por la familia Torres sin documentación habilitante.
- Propiedad del comisionado: La vivienda de Pedro Acosta, comisionado de Tapia, genera suspicacias. Aunque allegados afirman que fue comprada a Adolfo López, no hay constancias oficiales que lo respalden. Acosta evitó dar declaraciones públicas y no respondió llamados tras el feriado.
- Club El Cardumen: Se sospecha que la concesión del predio donde funciona esta institución está vencida, y que la Provincia evalúa recuperarlo.
- Granjas y criadero de cerdos: Dos granjas avícolas ubicadas a la vera de la ruta y una “chanchería” próxima a los clubes de la zona también serán auditadas. Deberán acreditarse habilitaciones, certificados ambientales y el carácter dominial del terreno.
Además, se detectó la demarcación de lotes mediante alambrados en áreas que durante el invierno quedan cubiertas por las aguas del lago, principalmente en la zona de India Muerta.
La figura legal de la autotutela administrativa —que permite al Estado actuar sin necesidad de una orden judicial cuando su patrimonio está en riesgo— podría ser clave para avanzar en la recuperación de los espacios ocupados ilegalmente en Ticucho. “Estamos avanzando gradualmente, pero firmemente”, enfatizó Pedicone.
En tanto, se espera que en los próximos días las distintas reparticiones finalicen sus relevamientos y eleven los informes correspondientes, lo que permitiría al Ejecutivo provincial iniciar las acciones formales en el terreno, reforzando la política de defensa del patrimonio público frente al avance de loteos y ocupaciones irregulares en zonas protegidas.
La situación en Ticucho no es un caso aislado, sino parte de una estrategia más amplia que ya se viene ejecutando en otros puntos críticos de la provincia como El Mollar, El Cadillal, Tafí del Valle, San Javier, Yerba Buena e Ibatín.
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