Miércoles 30 de Abril de 2025, 22:53

Se pidió un informe sobre los integrantes de su cartera que intervinieron en tareas vinculadas y posteriores al ataque, ocurrido hace más de dos años y medio.
En un giro inesperado en la investigación por el
intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, la
jueza María Eugenia Capuchetti solicitó al Ministerio de Seguridad un informe sobre la participación de su personal en tareas operativas y administrativas relacionadas con el ataque ocurrido en septiembre de 2022.
La solicitud fue dirigida a la actual titular de la cartera, Patricia Bullrich, quien no es ajena al expediente: en su oficina se habrían borrado los celulares de dos asesoras del diputado Gerardo Milman, pieza clave en una de las líneas de investigación.
Capuchetti reasumió el control de la causa en abril, tras más de dos años en manos del fiscal Carlos Rívolo, aduciendo
falta de avances y la necesidad de darle un
“nuevo enfoque”. Su decisión coincidió con testimonios comprometedores en el juicio oral contra los autores materiales, que expusieron fallas graves en los procedimientos iniciales y en la preservación de pruebas clave, como el celular del
principal acusado, Fernando Sabag Montiel.
Uno de los testimonios más relevantes fue el del excomisionado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Emilio Lencina, quien denunció que su equipo había identificado c
onexiones digitales entre Sabag Montiel, su pareja Brenda Uliarte y sectores radicalizados como Revolución Federal, pero que esos informes fueron desestimados por el juzgado. Lencina también afirmó que se le negó la solicitud de secuestrar los teléfonos del diputado Milman y sus asesoras, a pesar de las sospechas en su contra.
La línea investigativa centrada en Milman —quien habría anticipado el atentado, según un testigo— parece haber sido relegada por la magistrada.
La causa fue reestructurada y el nombre del legislador desapareció de la carátula, reemplazado por una identidad anónima. En paralelo, se reactivaron sumarios vinculados a la Policía Federal, en particular a dos agentes que no detuvieron a Uliarte cuando ya pesaba sobre ella una orden de arresto.
La jueza abrió nuevas instancias testimoniales en torno a ese hecho, a las que asistieron los abogados de Milman.
Durante las audiencias, surgieron múltiples tensiones. La fiscalía cuestionó el uso de estos sumarios como vía para incluir nuevamente a los defensores del diputado en el proceso. El fiscal Rívolo llegó a confrontarlos directamente por sus insinuaciones, instándolos a aportar pruebas concretas si las tenían. Por su parte, el abogado de Cristina Kirchner objetó la línea de preguntas de la defensa, que buscaba indagar sobre los protocolos de custodia presidencial.
Los querellantes denunciaron que este giro en la causa diluye el foco sobre posibles responsabilidades políticas, en especial las de Milman y su entorno, y
pidieron excluir a su defensa de esta nueva etapa del expediente. Capuchetti rechazó el planteo.
El rumbo actual de la investigación ha generado confusión entre las partes,
sin que hasta ahora se hayan producido avances sustanciales ni hallazgos que alteren el estado de la causa. El cambio de foco hacia la Policía Federal, previamente investigada sin resultados concluyentes, alimenta las dudas sobre la estrategia judicial y sobre el futuro de la pesquisa.
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