Usurpaciones en El Cadillal: recuperan un predio disputado por residentes y otro con un negocio habilitado por la comuna

Lunes 05 de Mayo de 2025, 07:13

Dos fallos judiciales recientes pueden ser tomados como ejemplo del nivel de gravedad que alcanzan las usurpaciones de tierras fiscales en El Cadillal, una de las zonas turísticas más codiciadas de Tucumán. En ambos casos, la Justicia determinó que los lotes ocupados ilegalmente pertenecen a la Provincia y ordenó su restitución, dejando en evidencia un preocupante mecanismo que involucra negocios montados sobre terrenos públicos, autorizaciones irregulares e incluso habilitaciones comunales otorgadas sin verificar la propiedad legal.
El primer caso, investigado por el fiscal Carlos Saltor, expuso cómo una disputa privada por la posesión de un lote ubicado en la zona de Puerto Argentino derivó en un descubrimiento clave: el terreno en litigio no era de los particulares enfrentados, sino del Estado provincial. Todo comenzó en abril de 2021, cuando Aldo Floreano Stefanutti transfirió presuntos derechos posesorios a Manuel de Jesús Vergara, quien tiempo después denunció que el terreno había sido usurpado por Justo Pastor Barraza, un cuidador que originalmente había sido contratado para evitar ocupaciones.
El conflicto escaló cuando se presentó documentación informal: cesiones de derechos firmadas en una escribanía, solicitudes a la empresa EDET, e incluso trámites ante la extinta Subsecretaría de Regularización Dominial. Pero la investigación reveló que estos documentos carecían de sustento legal y que la escrituración había sido rechazada por irregularidades administrativas. En consecuencia, la Fiscalía de Estado —representada por Santiago Luis Xamena— se incorporó como querellante y solicitó la restitución del terreno al Estado provincial.
Durante la audiencia, el defensor de Barraza intentó sostener la posesión con fallos civiles previos, mientras que el representante de Vergara pidió la devolución del lote a su cliente. Sin embargo, tanto la fiscal auxiliar Daniela Briz Tomas como la jueza Cynthia Rocha consideraron acreditado que las tierras eran públicas y, por lo tanto, intransferibles. La magistrada ordenó el desalojo en un plazo de 30 días, destacando que se trataba de áreas destinadas a la preservación ambiental y al desarrollo turístico.

El segundo expediente, si bien más breve, resultó igualmente alarmante. El ex agente de la Policía Federal Víctor Hugo Arroyo fue procesado por usurpación de tierras fiscales en agosto de 2023. De acuerdo con la acusación formulada por la misma fiscalía, Arroyo no solo se apropió de un terreno, sino que además construyó viviendas, instaló un quiosco y colocó estacas para delimitar el lote, ubicado también en una zona de alto valor inmobiliario.
Lo más insólito: el acusado obtuvo una habilitación oficial para el comercio otorgada por la comuna de El Cadillal, conducida por el comisionado Dante Delgado, y pagaba regularmente impuestos municipales, como si el predio fuera legalmente suyo. Esta situación motivó al juez Guillermo Taylor no solo a ordenar la restitución del terreno al Estado, sino también a instar a la apertura de una nueva investigación sobre el accionar de los funcionarios comunales que permitieron el funcionamiento del negocio sin constatar la titularidad dominial.
Ambos fallos reflejan una creciente preocupación institucional por el avance de loteos y construcciones irregulares en zonas protegidas, bajo el amparo de trámites administrativos poco transparentes o directamente ilegales. En la audiencia del primer caso, Xamena alertó sobre el “grave peligro para la preservación del patrimonio público” que representan estas ocupaciones. Por su parte, Briz Tomas enfatizó que la ley provincial 9.099 obliga a la restitución de tierras fiscales usurpadas.
Así, El Cadillal, una joya natural del turismo tucumano, queda bajo la lupa de la Justicia. Las investigaciones recién comienzan, y no se descartan nuevas denuncias en los próximos días por otros inmuebles construidos sobre predios públicos. Mientras tanto, el Ministerio Público y la Fiscalía de Estado advierten: la apropiación de bienes del Estado no solo es delito, también pone en riesgo el desarrollo sostenible y el uso colectivo de los recursos naturales.
 

---

---