Controversia judicial: llega a la Corte el caso de los abogados retirados a quienes el Colegio les niega la matrícula profesional
Jueves 22 de Mayo de 2025, 05:45
QUIEN TIENE LA RAZON. La Corte tucumana debe emitir un fallo que sentará jurisprudencia en una causa que interesa a profesionales y los colegios que los agrupan.El caso afecta a al menos tres o cuatro profesionales que, amparados en la Ley N° 9764, solicitaron su retiro con beneficios económicos y conservaron ciertos derechos previsionales. Posteriormente, decidieron ejercer su profesión de forma independiente, lo que motivó su solicitud de matrícula ante el Colegio. Sin embargo, la entidad presidida por Alberto López Domínguez rechazó el pedido argumentando que siguen vinculados formalmente al Poder Judicial, por lo que violarían la norma que exige ejercer la abogacía con “absoluta independencia”.
“La ley 5233 es clara en cuanto a la incompatibilidad entre ser parte del Poder Judicial y ejercer la abogacía”, sostuvo el presidente del Colegio, que además citó un dictamen firmado por los abogados José Emanuel Sánchez Martínez y Luis Rodolfo Martínez. Sin embargo, esta interpretación no fue unánime: el vicepresidente del organismo, Martín Lucio Terán, emitió un voto en minoría a favor de los solicitantes.
“Los retirados no están en funciones, y el principio constitucional de que lo no prohibido está permitido debe primar”, argumentó Terán, remarcando que la Ley N° 9764 habilita expresamente el ejercicio de la profesión por parte de los agentes retirados. “El conocimiento que tienen del sistema judicial no es una ventaja antijurídica, sino una consecuencia lógica de su experiencia”, señaló.
La disputa escaló cuando uno de los abogados afectados decidió recurrir directamente a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, mediante un recurso de apelación administrativa, solicitando su intervención como autoridad máxima de control de la matrícula profesional. En paralelo, presentó un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, reclamando una vulneración de derechos constitucionales, como el derecho al trabajo.
Como agravante, se reveló que al menos uno de los afectados logró obtener matrícula en el Colegio de Abogados del Sur, lo que evidencia un criterio dispar entre las distintas jurisdicciones provinciales y suma complejidad al conflicto.
Desde diversos sectores de la abogacía comenzaron a llegar apoyos hacia los abogados retirados. Varios colegas presentaron notas al Colegio expresando su “profunda preocupación” por lo que consideran una medida arbitraria y discriminatoria. “Estamos frente a una interpretación restrictiva de derechos fundamentales. Limitar el acceso al ejercicio profesional sin una prohibición expresa de la ley es inconstitucional”, sostuvo uno de los letrados firmantes.
El escándalo se profundizó cuando se conoció que el dictamen citado como “opinión de la Facultad de Derecho” fue en realidad una opinión particular del abogado Augusto González Navarro, contratado por el propio Colegio. “El profesional aclaró que su opinión no representa a ninguna institución académica. Usar ese documento como respaldo institucional es una falacia”, advirtieron los críticos.
Mientras tanto, la Corte provincial deberá resolver no sólo la legalidad del rechazo de la matrícula, sino también definir un precedente de gran importancia para el ejercicio profesional en Tucumán y posiblemente en otras jurisdicciones del país. El caso, además, pone en tela de juicio la interpretación de normas que afectan el acceso al trabajo, la independencia de la profesión y los límites de la autonomía de los colegios profesionales.
Más leídas hoy
Más leídas en la semana
