Una mujer condenada a perpetua por asesinato pidió el beneficio de arresto domiciliario por su bebé y la madre de la víctima la cruzó

Martes 03 de Junio de 2025, 05:45

GIMENA FERNANDEZ. Durante el juicio, trató de deslindar su responsabilidad en el crimen de Ramiro Ledesma. Ahora ya condenada, pide cumplir la pena en casa porque tiene un hijo que debe criar en prisión.



La Justicia de Tucumán rechazó el pedido de arresto domiciliario solicitado por Jimena Fernández, una joven de 26 años condenada a prisión perpetua por el asesinato de Ramiro Ledesma, ocurrido en marzo de 2021. El fallo fue emitido este lunes por la jueza Laura Julieta Casas, tras una audiencia cargada de tensión emocional, donde se enfrentaron las voces de dos madres: la de la acusada, preocupada por las condiciones en que vive su hijo de cinco meses en la cárcel, y la madre de la víctima, que exigió justicia por el crimen.

El caso cobró notoriedad cuando Fernández, condenada por haber actuado en complicidad con Miguel “Miguelón” Fernández y Alexis “El Sucio” Iñigo en el asesinato de Ledesma, anunció durante el juicio que se encontraba embarazada. Pese a que la sentencia no había quedado firme, fue trasladada al penal de mujeres. En diciembre de 2023 se le concedió el arresto domiciliario por razones de salud vinculadas al embarazo, pero cinco días después esa medida fue revocada, y desde entonces permanece en la alcaldía de Delfín Gallo.

Su abogado defensor, Aníbal Paz, presentó un recurso de impugnación a la negativa inicial del beneficio, argumentando que el entorno carcelario vulnera los derechos de su hijo. En la audiencia, Paz detalló que la celda donde viven madre e hijo carece de ventilación, refrigeración y condiciones mínimas de salubridad: “El bebé duerme en un espacio de cinco por cuatro metros, con el piso de cemento y sin refrigeración para conservar su leche. Comparte un baño con otras dos internas y no cuenta con un ambiente adecuado para gatear o jugar”, argumentó el letrado.

Desde el Ministerio Público Fiscal, el auxiliar Lucas Maggio, bajo instrucciones del fiscal Pedro Gallo, se opuso a la solicitud y enfatizó que la acusada ya había violado anteriormente los términos del arresto domiciliario. Además, recordó que Fernández estuvo prófuga durante más de un año y medio tras el crimen. El fiscal sostuvo que la imputada cuenta con asistencia médica, elementos de higiene para el niño, una cuna y alimentación garantizada, por lo que no hay elementos suficientes para otorgar el beneficio.

La querellante, Josefina Talamazzi, también rechazó el pedido y destacó que la maternidad no exime del cumplimiento de una condena. “Tiene garantizados los cuidados para su hijo. El castigo que enfrenta es por haber participado de un homicidio, no por ser madre”, puntualizó.

Uno de los momentos más emotivos de la audiencia se vivió cuando Verónica Almirón, madre de Ramiro Ledesma, pidió la palabra. “La acusada debería haber pensado en su hijo antes de quedar embarazada durante el juicio. Hoy, mientras ella lo tiene en brazos, yo solo tengo el recuerdo de mi hijo muerto”, declaró. Y agregó: “Sufro todos los días, pero ella todavía tiene a su hijo con vida”.

La propia Jimena Fernández también fue escuchada. Entre lágrimas, reconoció el dolor de la madre de la víctima y sostuvo que la situación carcelaria pone en riesgo a su hijo: “Mi hijo está enfermo desde hace cuatro meses. No duerme por los gritos, los ruidos, la falta de espacio. Es un infierno”, sostuvo. También expresó que ella también fue víctima de su pareja, “Miguelón”, y negó haber tenido participación directa en el crimen.

Finalmente, la jueza Casas resolvió rechazar el pedido de arresto domiciliario, respaldando la decisión de primera instancia. No obstante, ordenó una serie de medidas para garantizar los derechos del menor: la intervención de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia con informes mensuales; el traslado de internas problemáticas que perturben el descanso del bebé; y una vigilancia especial sobre las condiciones de salud, alimentación y seguridad del niño.

Este caso reabre el debate sobre la maternidad en contextos de encierro y la necesidad de que el Estado garantice los derechos de la infancia sin desvirtuar la aplicación de la Justicia penal. Mientras la defensa de Fernández anticipa que podría llevar el reclamo a instancias superiores, la familia de la víctima espera que se mantenga firme la condena para que, según sus palabras, “no haya más impunidad”.