Se aprobó aumento de 7,2% a jubilados y bono de $ 110.000, pero Milei ya anunció que lo vetará

Jueves 05 de Junio de 2025, 07:34

El proyecto fue aprobado con 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones. Se manifestaron a favor Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre  y el Bloque Independencia que responde al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo. Fue rechazado por LLA, el PRO y bloques provinciales. La UCR se abstuvo.

El voto afirmativo de los tucumanos de Independencia sorprendió porque el gobernador Osvaldo Jaldo ha sido uno de los principales aliados del Gobierno y hasta el momento siempre se había alineado con el oficialismo. De hecho, los tres diputados que responden al mandatario provincial no habían dado quórum para iniciar la sesión. También llamó la atención el apoyo de dos diputadas salteñas de Innovación Federal, lo que podría dejar de manifiesto un enfriamiento de la relación entre la Casa Rosada y el gobernador Gustavo Sáenz.

Por su parte, el PRO dejó expuestas nuevamente sus tensiones internas con 9 abstenciones, 1 voto a favor del larretista Hécto Baldasi, y 22 votos en contra.

Por otro lado, la restitución de la moratoria fue aprobada por 111 votos afirmativos, 100 negativos y 15 abstenciones. Nuevamente sorprendieron los votos positivos de los tucumanos de Independencia y las salteñas de Innovación Federal. En este caso, resultó clave la decisión de abstenerse mayoritariamente de los bloque Encuentro Federal y Democracia para Siempre, lo que dificultó al oficialismo sumar voluntades para rechazar el proyecto.

El tratamiento, que se dio en el marco de una sesión especial convocada por bloques opositores, evidenció nuevamente la fragilidad del oficialismo en el Congreso. A pesar de los intentos por frenar la iniciativa, no logró evitar que la mayoría se impusiera. Diputados de Unión por la Patria, la UCR y otros bloques provinciales defendieron el proyecto como una respuesta urgente al deterioro del poder adquisitivo de los jubilados, agravado por la inflación y la falta de actualización real en los haberes mínimos.

Desde el oficialismo, en cambio, acusaron a la oposición de “irresponsabilidad fiscal”. Legisladores de La Libertad Avanza y el PRO aseguraron que la norma “destruye el equilibrio macroeconómico” alcanzado por el gobierno en sus primeros seis meses de gestión y que implicaría un gasto adicional imposible de sostener sin afectar otras partidas clave.

En paralelo a la sesión, se vivieron protestas en las inmediaciones del Congreso. Las manifestaciones incluyeron reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan, colectivos feministas por los 10 años del Ni Una Menos y la tradicional marcha de jubilados, que volvieron a expresar su malestar por la pérdida constante del poder adquisitivo.

Desde el Ejecutivo nacional no tardaron en reaccionar. Apenas se conoció el resultado, voceros oficiales confirmaron que el presidente Milei vetará el proyecto en caso de que supere también la votación en el Senado, alineado con su política de ajuste y su negativa rotunda a “ceder ante la casta”.

En la previa de la sesión, desde el oficialismo hicieron públicos algunos cálculos sobre el impacto presupuestario de los proyectos. Sin embargo, muchas de las cifras fueron cuestionadas por la oposición, que además incluyó recortes del gasto tributario para garantizar esos recursos: por ejemplo, la eliminación de la exención al IVA para los directores de empresa, la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias a las sociedades de garantía recíproca, que se destine el ahorro presupuestario logrado cuando el FMI quitó los recargos a los intereses, la nacionalización de los fondos de ACARA y de CSA de los entes recaudadores por los registros automotor y un redireccionamiento de todas las partidas que por DNU le fueron otorgadas a la SIDE.

El aumento del bono a $110 mil, y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0.26% del PBI, ya que la Oficina del Presupuesto del Congreso había calculado que el impacto fiscal sería de 0.23% si se llevaba a $105 mil y de 0.30% si quedaba en $115 mil. Finalmente la oposición terminó consensuando una cifra intermedia entre los dos dictámenes.
 

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